El 20 de mayo de 2026 la Presidencia remitió al Congreso una iniciativa constitucional que propone mover la segunda elección judicial programada para 2027 a 4 de junio de 2028 y reformar aspectos clave del diseño aprobado en 2026. El proyecto, elaborado por la consejera jurídica Luisa María Alcalde, intenta responder a las críticas derivadas del primer ejercicio electoral de la justicia y a advertencias de órganos como el INE sobre la logística de coincidir comicios en un mismo año.
La propuesta parte de la premisa de que el experimento de 2026 mostró problemas operativos y de legitimidad: participación baja, boletas saturadas y dudas sobre la idoneidad de varios electos. El gobierno la presenta como ajustes técnicos para evitar solapamientos con las elecciones locales y federales, reducir riesgos de interferencia partidista y elevar los estándares de selección mediante mecanismos más estrictos de evaluación.
Principales cambios que propone la iniciativa
Entre las reformas más destacadas figura la reducción de candidaturas por cargo: los comités de selección elegirían primero a cuatro aspirantes y, mediante insaculación pública, quedarían solo dos opciones en la boleta. Con esta medida el Ejecutivo persigue convertir boletas extensas en formatos más manejables y evitar la fatiga del votante. Además, se propone garantizar paridad de género en las candidaturas y que el Tribunal y otros órganos que nombran jueces adopten criterios homogéneos de evaluación.
Criterios técnicos y requisitos
La iniciativa exige filtros técnicos más exigentes: examen de conocimientos, «criterios homogéneos» verificados por una Comisión Coordinadora y la incorporación explícita de cualidades como la honestidad y la experiencia jurídica como requisitos esenciales. También se plantea que quienes aspiren a un nuevo cargo y actualmente sean jueces renuncien a su puesto para competir, y que la evaluación y la vigilancia del desempeño judicial comiencen desde el primer año de funciones.
Contexto y razones del cambio
El contexto inmediato incluye la primera elección masiva de jueces del país, celebrada el 2 de junio de 2026, en la que se eligieron casi 2.700 plazas, entre ellas cerca de 900 federales, con una participación cercana al 13%. Boletas complejas y la entrega de papelitos de apoyo por parte de simpatizantes del partido gobernante alimentaron críticas sobre la comprensión ciudadana del proceso y la posible injerencia partidista.
Riesgo de solapamiento electoral
Otro argumento central es el peligro logístico y presupuestal que representaría celebrar en 2027 los comicios judiciales junto con las elecciones municipales, estatales y federales previstas para ese año. El INE advirtió sobre un posible «colapso electoral» y aumentos importantes en los costos de organización si ambos procesos coincidieran, motivo por el cual el Ejecutivo propone el traslado a junio de 2028.
Reacciones, críticas y retos pendientes
La JUFED (Asociación Nacional de Magistrados y Jueces) rechazó la postergación y calificó la corrección como la «confesión de inviabilidad» del diseño original, al advertir que las medidas propuestas no atacan las causas estructurales del problema. La asociación alertó sobre el riesgo de debilitar la carrera judicial y sobre el pago pendiente a jueces destituidos tras la reforma anterior.
Organizaciones civiles y medios también han señalado casos de candidatos vinculados a grupos religiosos o con señalamientos de vínculos delictivos en denuncias previas al proceso de 2026. El Ejecutivo responde proponiendo filtros técnicos y una mayor supervisión, mientras que opositores y gremios reclaman criterios funcionales claros para no repetir la «recolocación masiva» de plazas que, a su juicio, perjudicó la profesionalización del sistema.
Balance y próximos pasos
Con la mayoría calificada de Morena en el Congreso, la aprobación de la reforma se considera probable en un periodo extraordinario que fuentes dan por previsto entre el 26 y el 28 de mayo; sin embargo, la discusión pública seguirá centrada en cómo combinar la urgencia de corregir fallos detectados con la necesidad de preservar independencia judicial y confianza social en los tribunales. El debate definirá si los cambios propuestos logran mejorar la selección democrática de jueces sin sacrificar la profesionalidad del sistema.
