En un movimiento significativo para la industria frigorífica, el Gobierno nacional ha implementado una nueva medida de desregulación. A través de la Resolución 592/2026 publicada este martes, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) eliminó la obligatoriedad de que los establecimientos habilitados cuenten con un director técnico.
Esta decisión, destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger busca simplificar los procesos y reducir costos en el sector. La medida fue anunciada a través de la red social X con el mensaje: «Chau gastos en frigoríficos».
Una medida para modernizar la industria
La resolución, firmada por la presidenta del Senasa, María Beatriz ‘Pilu’ Giraudo elimina una obligación que se consideraba desactualizada frente al actual esquema de control sanitario. Según explicó Sturzenegger, la responsabilidad por la inocuidad de los productos ya es del establecimiento por ley y existe una fiscalización oficial permanente.
«Cada frigorífico o planta de faena tenía que contar, sí o sí, con un director técnico. Era una obligación redundante, porque la responsabilidad por la inocuidad de lo que producen ya es del establecimiento por ley y, además, existe habilitación y fiscalización oficial permanente. En otras palabras, el director duplicaba lo que ya hacía el inspector del Senasa», sostuvo el funcionario.
Evolución del sistema de control sanitario
Desde el organismo sanitario explicaron que la actualización normativa responde a la evolución del sistema oficial de control higiénico-sanitario y a la consolidación de las responsabilidades previstas en la legislación vigente. Las garantías de inocuidad de los productos de origen animal se sustentan actualmente en un sistema integrado que comprende la habilitación de establecimientos, la fiscalización oficial permanente, la implementación de procedimientos documentados, los sistemas de autocontrol y la responsabilidad directa de los operadores de la cadena agroalimentaria.
El Senasa modificó el Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal aprobado por el Decreto 4238/68 con el objetivo de adecuarlo a la evolución del sistema oficial de control, fortalecer un modelo basado en la responsabilidad de los operadores y acompañar los avances tecnológicos registrados en la producción de alimentos.
Impacto económico y competitividad
Para Sturzenegger, la eliminación de esta exigencia tendrá un impacto económico positivo para la actividad. «Bajar gastos innecesarios que impone el Estado es lo que va a permitir que los precios bajen en términos reales; en otras palabras, que el salario rinda más», afirmó.
El ministro añadió que este tipo de regulaciones representan sobrecostos que afectan la competitividad de la economía. «La diferencia entre los países ricos y los pobres es que los pobres están llenos de estos sobrecostos y restricciones que solo nos empobrecen. Por eso el presidente javier milei nos conmina a correr al Estado todo lo posible», expresó.
Colaboración con el sector
La eliminación de esta obligación surgió a partir de planteos realizados por productores, frigoríficos y organizaciones del sector, tanto en reuniones de trabajo como a través de la plataforma oficial «Reportá la Burocracia«. Esta medida se enmarca en la Ley 27.233 que declara de interés nacional la sanidad y la calidad agroalimentaria y establece que la responsabilidad primaria e indelegable de garantizar la sanidad, la inocuidad, la higiene y la calidad de los alimentos recae sobre los actores de la cadena productiva.
