En los últimos años, el fenómeno del despojo inmobiliario ha cobrado fuerza en varias entidades de México, dejando a cientos de familias en la calle. El caso más reciente se registró en Xalapa, Veracruz donde al menos 100 familias denuncian haber sido víctimas de esquemas de despojo perpetrados por despachos de abogados en complicidad con notarios públicos.
Las víctimas, en su mayoría personas de la tercera edad, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. No solo han perdido sus hogares, sino que también enfrentan amenazas de muerte por denunciar estos ilícitos. A pesar de que las autoridades están al tanto de estos casos, la fiscalía estatal no ha tomado medidas efectivas para restituir las propiedades a sus legítimos dueños.
Esquemas de despojo en otras entidades
El caso de Xalapa no es aislado. En 2018, se descubrió una red corrupta que despojó a cerca de 60 mil derechohabientes del Infonavit en los estados de Nayarit y Jalisco. Esta red, compuesta por jueces, magistrados, despachos jurídicos y notarios públicos, utilizaba juicios civiles falsos y sentencias exprés para ejecutar hipotecas irregulares.
En 2026, la fiscalía de Oaxaca desarticuló una red que suplantaba la identidad de comuneros y propietarios, declarándolos legalmente muertos de forma simulada. En la Ciudad de México organizaciones criminales de cuello blanco han utilizado escrituras duplicadas y poderes notariales apócrifos para apropiarse de inmuebles intestados, abandonados o pertenecientes a adultos mayores en zonas de alto valor.
En el Estado de México y Nuevo León se han detectado tramas similares, siempre con el elemento común de notarías que abusan de la fe pública para legalizar operaciones delictivas.
El sistema notarial y su vulnerabilidad
El sistema notarial mexicano es un factor clave en estos esquemas de despojo. Debido al federalismo cada entidad federativa establece los requisitos y mecanismos para ejercer la profesión notarial. Sin embargo, esta diversidad teórica se convierte en una realidad práctica donde las formalidades y pruebas no siempre funcionan como filtros, sino como simulaciones que encubren la designación discrecional por parte de los mandatarios estatales.
Un ejemplo claro de esto ocurrió hace dos años en Coahuila donde los abogados que desean obtener una notaría deben demostrar nacionalidad mexicana, buena conducta tener al menos tres años de experiencia, un año de práctica en una notaría y aprobar un examen de mérito. A pesar de estos requisitos, el ex presidente nacional del PANMarko Cortés firmó un pacto con el PRI local para repartirse notarías, oficinas de gobierno y puestos en el Poder Judicial como botín político.
La cercanía de muchos notarios con los gobernadores que les otorgaron sus patentes hace inevitable sospechar que estos arreglos no son exclusivos de Coahuila, sino que se repiten en buena parte del país.
La necesidad de reformar el sistema notarial
El sistema notarial cerrado y excluyente es en sí mismo un incentivo para la corrupción. En Veracruz, por ejemplo, no puede haber más de un notario por cada 50 mil habitantes. Esto significa que cada aspirante a notario sabe que accederá a un negocio garantizado, y le deberá esa fortuna a un gobernador.
Abrir el sistema notarial a todo abogado que curse la capacitación apropiada podría prevenir la desmesurada concentración de poder que explotan los 4 mil notarios existentes a nivel nacional. Es urgente que las autoridades evalúen esta u otras alternativas al modelo vigente para combatir las organizaciones delictivas que se dedican al despojo inmobiliario.
