El Ministerio del Interior y Seguridad Pública bajo la cartera de Claudio Alvarado, informó el 30 de septiembre de 2026 que el Gobierno no persistirá en la reforma constitucional que había sido ingresada en agosto pasado. La decisión implica retirar la iniciativa original y acompañar la tramitación de un nuevo proyecto elaborado por senadores de la Comisión de Constitución del Senado.
Declaración del Ejecutivo y alcance de la decisión
Alvarado explicó que el objetivo del Estado sigue siendo combatir el narcotráfico el crimen organizado y mejorar la segmentación penitenciaria. «Queremos mantener los objetivos de la reforma, pero estamos abiertos a discutir los mecanismos para alcanzarlos», declaró el ministro, quien agradeció a los legisladores la elaboración de una alternativa que «cumple con los fines que La Moneda se ha propuesto».
El subsecretario de Seguridad Pública, Martín Arrau, reforzó la idea el mismo día, señalando que el texto incluye disposiciones para perfeccionar el estado de excepción constitucional. Según Arrau, la propuesta permitirá al Estado disponer de instrumentos adicionales para enfrentar organizaciones criminales, sin alterar los plazos de renovación ni las garantías individuales vigentes.
Contenido de la propuesta alternativa
La iniciativa, elaborada por Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (Independiente) e Iván Flores (DC), será ingresada al Senado el 6 de octubre de 2026. Entre sus puntos clave destacan: la equiparación del crimen organizado al terrorismo a efectos de inhabilidades y sanciones; la elevación a rango constitucional de las facultades de Gendarmería para la segregación carcelaria y la regulación de un nuevo régimen de estado de excepción que podría decretarse en caso de amenaza grave a la seguridad pública.
El proyecto también plantea que, una vez declarado el estado de excepción, el Gobierno informe al Congreso cada 15 días y que la Cámara tenga la potestad de revocarlo por mayoría. Esta medida busca equilibrar la necesidad de una respuesta preventiva con el control parlamentario, sin introducir interrupciones a la libre circulación o a la detención arbitraria.
Fernando Rabat, ministro de Justicia, puntualizó que el Ejecutivo revisará el contenido definitivo de la moción cuando sea presentada formalmente. En la reunión del 30 de septiembre los ministros sólo conocieron los lineamientos generales, por lo que la evaluación técnica quedará pendiente de la versión completa.
Rabat aclaró que la lista de bandas criminales no formará parte del texto constitucional; esa materia será delegada al legislador mediante una norma de rango inferior, lo cual “no representa un inconveniente” para la agenda del Gobierno. Por su parte, José García, titular de la Secretaría General de la Presidencia, manifestó que si la propuesta satisface los requisitos del Ejecutivo, el proyecto gubernamental será retirado formalmente.
En síntesis, el Gobierno de Chile ha optado por no continuar con su propia reforma constitucional de seguridad y ha decidido respaldar una alternativa consensuada con la oposición y con la mayoría del Senado, marcando una nueva etapa en la discusión sobre cómo enfrentar el desafío del crimen organizado y los regímenes de excepción.
