En un giro significativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado que los delitos cometidos durante el incendio en la guardería ABC son imprescriptibles. Esta decisión, tomada a 17 años de la tragedia, abre la posibilidad de investigar y perseguir a más exfuncionarios vinculados con los hechos que cobraron la vida de 49 niños y dejaron 106 heridos.
El pleno de la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf que calificó la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora como violaciones graves a los derechos de la infancia. La ministra María Estela Ríos González enfatizó que la catástrofe fue producto de un modelo neoliberal que privatizó el servicio de las guarderías del Estado.
El contexto del incendio y sus consecuencias
El incendio en la guardería ABC no fue un accidente, sino el resultado de una serie de omisiones y negligencias. La tragedia ocurrió en una bodega improvisada como estancia para niños, lo que refleja la descomposición institucional durante las administraciones panistas. Durante el sexenio de Vicente Fox se modificó la Ley General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para flexibilizar los requisitos exigibles a los privados que deseaban administrar una guardería subrogada.
Esta flexibilización permitió la entrega indiscriminada de concesiones a personas sin experiencia ni capacitación en el cuidado de niños. Los dueños de las guarderías subrogadas explotaron la necesidad de las familias trabajadoras, cobrando al IMSS por servicios que muchas veces negligían las normas básicas de seguridad.
Las conexiones políticas y la impunidad
El incendio reveló que los políticos blanquiazules crearon el modelo de subrogación con el propósito de enriquecerse a sí mismos y a sus allegados. Una de las dueñas de la guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo es prima de la entonces primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo y de Lourdes Laborín esposa del gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.
Estas conexiones políticas fueron determinantes en la impunidad de que gozaron todos los implicados, desde los socios hasta los funcionarios que debieron supervisar la seguridad de las instalaciones. Entre ellos se encuentran Juan Molinar Horcasitas director del IMSS que firmó el contrato con la ABC, y Daniel Karam quien encabezaba el instituto al momento del siniestro.
La rectificación histórica de la SCJN
La decisión de la ministra Ortiz debe leerse como una rectificación histórica que lava, de alguna manera, el oprobio perpetrado contra la sociedad mexicana hace tres lustros. En 2010, la Suprema Corte se puso a disposición del gobierno de Felipe Calderón para consumar un operativo de Estado que dio impunidad a los personajes poderosos cuyas acciones desembocaron en la tragedia.
Pese a que una comisión investigadora determinó que en las estancias subrogadas del IMSS había un desord
Contra sus propias evidencias, la SCJN decidió no fincar responsabilidades, avalar la constitucionalidad del sistema de subrogación de guarderías y deslindar a Karam, Molinar y Bours de lo ocurrido. Esta decisión supuso una burla contra las víctimas, al regalar impunidad a sus asesinos el mismo mes en que se cumplían cinco años del incendio.
La sentencia reciente bastaría, en sí misma, para justificar la reforma al Poder Judicial impulsada por los gobiernos de la Cuarta Transformación. La impunidad en torno al caso ABC es uno de los mayores agravios contra el país y uno de los peores ejemplos de abuso del poder en el periodo neoliberal. Con el camino abierto a la justicia, es tarea de fiscalías y tribunales dedicar un esfuerzo incansable al esclarecimiento de lo ocurrido y el establecimiento de responsabilidades penales a los culpables.
