En un desarrollo significativo del caso que investiga una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha acordado imputar a Leonardo Marcos, exdirector general de la Guardia Civil. La comparecencia de Marcos como investigado está programada para el 10 de septiembre de 2026 a las 10.00 horas en el Juzgado Central de Instrucción.
Esta resolución responde a las diligencias solicitadas por las acusaciones populares, que buscan impulsar el procedimiento contra una serie de altos cargos de la Guardia Civil. Entre los imputados se encuentran Mercedes González, directora general del cuerpo, y Manuel Llamas, jefe operativo.
Medidas cautelares para proteger la investigación
Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular han presentado una serie de diligencias ante el juez Pedraz. Entre sus peticiones destacan la prohibición para González y Llamas de ejercer cualquier facultad de mando, dirección o supervisión sobre la Unidad Central Operativa (UCO) especialmente sobre el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN).
Según los escritos presentados, los dos mandos imputados mantienen el ejercicio pleno de sus funciones y la superioridad jerárquica sobre la unidad cuya labor se investiga. Las acusaciones argumentan que esto podría obstaculizar la investigación. Además, se solicita que se les impida incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento.
El juez Pedraz ya ha reconocido la necesidad de proteger a la UCO, ordenando a la unidad mantener la debida cautela sobre la evolución de la investigación y no informar de sus avances a la cúpula del Cuerpo, precisamente para evitar que los detalles llegaran a los dos máximos responsables investigados.
Nuevas imputaciones y testimonios clave
Las acusaciones populares también han solicitado, por segunda vez, que se cite como investigado a Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil. En su primer intento, el juez Pedraz rechazó la petición al no apreciar indicios en su contra. Sin embargo, la investigación ha determinado que el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, desveló ante agentes de esta misma unidad que recibió presiones por parte de Marcos y de Llamas para ponerse de perfil en la investigación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
En otro de los escritos remitidos al juez Pedraz, las acusaciones comparan el puesto creado a medida para la exmilitante socialista Leire Díez en Correos, donde desempeñó funciones entre 2026 y 2026, con la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz. Piden que se le impute a Díez el delito de prevaricación administrativa el mismo por el que Sánchez fue condenado recientemente.
Además, se solicita la citación como investigados de José Luis Pérez, vicesecretario de Correos, y Patricia Álvarez, subdirectora de Desarrollo Organizativo y de Personas de la empresa pública. También se pide la comparecencia como testigo del fiscal jefe de Badajoz, José Luis Alonso, en relación con una denuncia presentada en dicha provincia contra Díez que finalmente fue archivada.
Las acusaciones también solicitan la copia íntegra de todas las comunicaciones relacionadas con la denuncia, mantenidas entre fiscales, funcionarios o responsables del Ministerio Fiscal que hubieran intervenido en su tramitación.
Presiones y comunicaciones internas
El PP ha solicitado medidas cautelares al juez Pedraz para que González y Llamas no puedan tener conocimiento de las investigaciones de la UCO que tienen que ver con las causas en las que están implicados. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha señalado que estas causas deben poder investigarse con libertad y que no tiene sentido que sigan ejerciendo el mando sobre la UCO.
En paralelo, los populares han solicitado al magistrado que cite a declarar como investigado a Leonardo Marcos, por testimonios que le sitúan ejerciendo presiones para que la UCO se pusiera de perfil en las investigaciones de David Sánchez. Además, el PP ha pedido investigar también al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y a otros dos cargos de la compañía postal.
Ezcurra considera que el esquema delincuencial por el cual se habría creado un puesto a medida para Leire Díez es idéntico al descrito en la sentencia que condena a David Sánchez por prevaricación administrativa. El PP solicitará que todos ellos devuelvan las cantidades percibidas por este puesto creado, según su relato, ad hoc.
Por último, el PP ha pedido las comunicaciones entre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Badajoz ante una supuesta presión para que se archivara una denuncia contra Leire Díez, así como que el fiscal de Badajoz comparezca como testigo en la instrucción del caso.
