El terremoto que sacudió a Cali el 10 de agosto dejó una estela de destrucción en apenas noventa segundos. Las cifras oficiales indican 331 fallecidos y 4.595 heridos, mientras que aproximadamente 260.000 personas vieron comprometidas sus viviendas, en muchos casos de forma irreversible. La magnitud del desastre obligó al Gobierno nacional a activar mecanismos de socorro y a buscar soluciones de largo plazo para miles de familias que perdieron su techo. Desde entonces, la prensa y la sociedad civil siguen monitoreando la evolución de la respuesta institucional, que aún muestra importantes brechas entre la urgencia del daño y la velocidad de la asistencia.
Con el objetivo de canalizar los recursos necesarios para la reconstrucción, se creó el Fondo Milagro, dotado inicialmente con un presupuesto de un billón de pesos. Hasta el miércoles anterior, la entidad había ejecutado solo 7.440 millones de pesos y había estructurado un proyecto de compra de viviendas valorado en 35.000 millones de pesos. Estas cifras evidencian una brecha significativa entre lo presupuestado y lo realmente desembolsado, lo que ha generado desconfianza entre los afectados y los legisladores que supervisan la gestión pública.
La controversia se intensificó cuando se revelaron los salarios percibidos por algunos funcionarios del fondo, catalogados como “altos” en comparación con la política de austeridad anunciada por la administración. Asimismo, los congresistas señalaron que, a más de tres meses del sismo, el Fondo había suscrito únicamente unos pocos contratos de demolición, mientras cientos de familias siguen esperando la retirada de estructuras peligrosas. El Congreso, a través de sus comisiones de control, solicitó al entonces gerente Jaime Andrés Uribe que rindiera cuentas y compareciera en el debate de control; sin embargo, el ejecutivo alegó que el gerente se encontraba trabajando en los municipios junto al presidente.
El viernes pasado, Jaime Andrés Uribe presentó su renuncia al cargo de gerente del Fondo Milagro, poniendo fin a una gestión marcada por la polémica. En respuesta, el mandatario ordenó la paralización de la nómina del fondo, argumentando que los elevados salarios no se alinean con la estrategia de austeridad del Gobierno. Esta decisión busca reducir el gasto operativo del organismo, aunque también plantea interrogantes sobre la continuidad de los procesos administrativos que ya estaban en marcha.
Para los damnificados en Cali, la dimisión del gerente y la detención de la nómina representan una nueva incertidumbre. Muchos ciudadanos que aún viven en refugios temporales o en viviendas dañadas temen que la ralentización de los trabajos de demolición y la escasa asignación de recursos retrasen la entrega de hogares definitivos. Según testimonios recogidos en la ciudad, las familias esperan que el Fondo acelere la compra de viviendas y que se liberen recursos suficientes para reparar la infraestructura básica que todavía carece de servicios esenciales.
La gestión del Fondo Milagro continúa bajo intenso escrutinio tanto de la oposición como de la opinión pública. Las autoridades deben responder a las preguntas sobre la transparencia de los salarios, la velocidad de los contratos y la eficacia de los proyectos de vivienda. Mientras tanto, los afectados siguen demandando respuestas inmediatas que les permitan retomar una vida normal después del devastador sismo de agosto.
