El 15.04.2026 la CAR Cundinamarca adoptó una resolución que modifica las condiciones de aprovechamiento hídrico de la embotelladora Indega, proveedor de Coca-Cola en la zona de La Calera. La decisión no solo elimina la continuidad de uso de tres manantiales específicos, sino que también reduce el volumen total de extracción autorizado de 3,2 a 1,9 litros por segundo y acorta la vigencia de la concesión de 10 a 5 años. Estas medidas buscan priorizar el servicio de agua para la población y atender el estrés hídrico en la cuenca.
En el trasfondo de la resolución hay inspecciones técnicas y análisis hidrológicos que llevaron a la autoridad a concluir que era necesario ajustar permisos. La CAR estableció además mecanismos de vigilancia en tiempo real y un paquete de compensaciones ambientales que la empresa debe implementar para apoyar la recuperación de ecosistemas altoandinos. A continuación se describen los cambios clave, las obligaciones impuestas y las posibles consecuencias para la planta embotelladora y las comunidades locales.
Qué cambió en la concesión y por qué
La resolución ordenó que Indega deje de extraer agua de los pozos 5, 6 y 7 ubicados en el predio Los Cerritos de la vereda Santa Helena, mientras que mantuvo la prórroga para los pozos 1, 2, 3 y 4 del predio San José. El recorte equivale a una disminución aproximada del 42% en el aprovechamiento del recurso. La autoridad argumenta que, ante un escenario de estrés hídrico y la prioridad constitucional para el consumo humano, no es viable mantener los mismos volúmenes para usos industriales cuando las comunidades enfrentan restricciones.
Fundamento técnico y legal
Según el director de la CAR, las decisiones se apoyaron en modelos de balance hídrico que analizaron periodos históricos, condiciones secas y lluviosas, y en procesos de participación ciudadana, incluida una audiencia pública. La resolución incorpora la potestad de suspender la captación si se detectan eventos que reduzcan la disponibilidad, como sequías o contaminación. Además, se determinó una supervisión continua mediante la instalación de sistemas de medición que reporten en tiempo real el caudal extraído en litros por segundo.
Medidas de compensación y obligaciones de la empresa
Junto al recorte de caudal, la CAR impuso obligaciones adicionales para reparar impactos y fortalecer la resiliencia de la cuenca. Entre las condiciones más relevantes figura la compra de 53,4 hectáreas en páramos y ecosistemas altoandinos para su conservación, con programas de restauración y siembra de especies nativas. Estas acciones buscan recuperar la capacidad de regulación hídrica y proteger cabeceras de cuenca clave para el sistema.
Infraestructura y participación comunitaria
La empresa debe además diseñar e implementar obras hidráulicas y civiles que permitan abastecer de forma alternativa el acueducto de La Calera usando los caudales de los manantiales a los que ya no se les otorgó prórroga. También se exige la instalación de una estación hidrometeorológica que alimente la Red Hidrometeorológica de la CAR y la colocación de un sistema de cámaras trampa y programas de educación ambiental dirigidos a la comunidad educativa de la microcuenca San Lorenzo.
Vigilancia, efectos y respuestas
La prórroga parcial se condicionó a un esquema de monitoreo y sanciones: si se comprueba incumplimiento la autoridad podrá revocar permisos. La reducción de caudal y la limitación temporal obligan a Indega a revisar su operación, potencialmente ajustando la producción o recurriendo a fuentes alternativas. La CAR además anunció que evaluará otras concesiones industriales en la cuenca alta del río Bogotá para asegurar que el uso del agua no comprometa el suministro público.
Posición de la empresa
Indega emitió un comunicado en el que señaló que analizará la resolución dentro del trámite administrativo, respetando la institucionalidad y el marco legal vigente, y reiteró su compromiso con el uso responsable del recurso hídrico y la protección de ecosistemas. La compañía explicó que evaluará las implicaciones operativas y los planes de contingencia que sean necesarios para cumplir las nuevas exigencias sin afectar las normativas ambientales.
Perspectivas locales
La decisión ha sido recibida con atención por comunidades y autoridades locales, que demandan priorizar el abastecimiento humano ante la persistencia de bajos niveles en embalses como los del sistema Chingaza. La medida abre un precedente sobre cómo balancear intereses industriales y derechos al agua en escenarios de inseguridad hídrica, y pone sobre la mesa la necesidad de reforzar la gestión integrada de cuencas.
