Una investigación conjunta de medios internacionales desenterró una operación de infiltración en medios argentinos orientada a socavar la gestión de Javier Milei. Según los documentos analizados, la estructura conocida como La Compañía organizó la inserción de contenido negativo —y en algunos casos falso— en sitios de noticias y redes sociales durante 2026, buscando construir una narrativa adversa sobre las políticas económicas del gobierno. El hallazgo se basa en 76 documentos filtrados obtenidos por un consorcio que incluye a The Continent, openDemocracy, iStories, Dossier Center, All Eyes on Wagner y Forbidden Stories.
Los materiales señalan que la red gastó en total unos US$283.000 para publicar cerca de 250 notas en más de 20 sitios argentinos entre junio y octubre de 2026. Las cifras y los montos aparecen en registros que describen pagos a través de intermediarios y agencias de noticias; sin embargo, la investigación advierte que esos costos podrían haber sido inflados. En paralelo, varios de los textos vinculaban la imagen del gobierno con la postura de Argentina frente a la guerra en Ucrania, además de cuestionar medidas económicas administrativas y presupuestarias.
El operativo y las evidencias
Los documentos filtrados permiten reconstruir un esquema en el que una pareja rusa habría comandado una red que no sólo difundía contenidos, sino que también espiaba y buscaba influir en organizaciones de la sociedad civil. Se identifican listas de sitios objetivo, cronogramas de publicación y facturas que responsabilizan a supuestos intermediarios. Muchas piezas llegaron a los portales a través de agencias, consultoras o terceros, y en la mayor parte de los casos los medios consultados declararon no haber recibido pagos. Aun así, existen admisiones de al menos dos fuentes que reconocieron haber cobrado por publicar material aportado por empresarios opuestos a los recortes presupuestarios del gobierno.
Cómo circulaba la desinformación
La atención de la investigación se centra en los métodos: notas sin firma, bylines falsos y fotografías generadas por software que acompañaban artículos críticos. Estos elementos formaron parte de una estrategia de operación de influencia diseñada para pasar desapercibida y dar apariencia de cobertura periodística legítima. Además, se detectó un intento de provocar una crisis diplomática con Chile, mediante la difusión de una historia falsa que atribuía a un supuesto «grupo de sabotaje» un ataque a un gasoducto entre ambos países. Esa maniobra buscaba tensionar relaciones bilaterales y polarizar el debate público.
Impacto político y reacciones
Respuesta del gobierno y la coalición
El propio presidente reaccionó públicamente, calificando el episodio como un caso de espionaje de gravedad institucional. La coalición oficialista remarcó que los periodistas y medios vinculados a la trama representan apenas una parte visible de un entramado mayor y anunció que perseguiría a todos los actores directos e indirectos involucrados. El secretariado de inteligencia de Argentina, identificado como SIDE, confirmó que había llevado a cabo investigaciones internas y que el asunto se encuentra ahora en manos de la justicia, mientras los equipos legales y de seguridad recopilan pruebas adicionales.
Negación desde la embajada y acciones periodísticas
La embajada rusa en Buenos Aires negó de plano las acusaciones, calificándolas de infundadas y advirtiendo que la difusión de estas revelaciones podría ser parte de un intento de afectar las relaciones bilaterales. Paralelamente, organizaciones de prensa locales publicaron reportes sobre las mecánicas de la campaña: monitorización de contenidos, uso de intermediarios y la circulación de piezas alineadas con intereses externos. Entre estas voces se encuentra el foro argentino de periodistas que había documentado previamente mecanismos de desinformación en el país.
Lecciones y próximos pasos
Más allá de las acusaciones y las negaciones, la investigación subraya la facilidad con la que actores extranjeros pueden intentar modelar la opinión pública mediante la inserción de contenidos en medios digitales. El caso expone la necesidad de controles más estrictos sobre financiamiento de contenidos y mayor transparencia en la procedencia de las notas. Mientras tanto, el proceso judicial y las indagaciones oficiales continuarán para determinar responsabilidades y desenmarañar el alcance real de La Compañía dentro del ecosistema mediático argentino.
