El líder de Renovación PopularRafael López Aliaga se encuentra en el centro de un complejo escenario político y legal. El pasado 24 de junio, dos eventos cruciales marcaron su situación electoral: la presentación de una subsanación a las observaciones contra su candidatura a teniente alcalde de Lima y la proclamación oficial como senador electo para el período 2026-2031.
La subsanación fue presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro dentro del plazo legal. Renovación Popular argumenta que López Aliaga no incurre en ningún impedimento legal para postularse como teniente alcalde, respaldando esta afirmación con dos cartas enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Congreso.
La estrategia legal de Renovación Popular
El partido presentó una carta enviada el 19 de junio al JNE, en la que López Aliaga comunica su desistimiento de ser proclamado y recibir la credencial de senador. Además, una carta dirigida el 22 de junio al oficial Mayor del Congreso informa que no jurará ni asumirá el cargo para el período 2026-2031. Según Renovación Popular, estas cartas acreditan la decisión de López Aliaga de no incorporarse al Senado, descartando cualquier incompatibilidad con su candidatura municipal.
El JEE deberá evaluar la documentación presentada y determinar si las observaciones iniciales han sido levantadas. El lunes pasado, este órgano electoral declaró inadmisible la lista de Renovación Popular y observó, entre otros aspectos, la candidatura de López Aliaga, requiriendo al partido acreditar documentalmente su situación jurídica actual.
Análisis de expertos en derecho electoral
Especialistas en derecho electoral han planteado distintos escenarios sobre la decisión que podría adoptar el JEE. José Manuel Villalobos sostiene que el JEE Lima Centro no podría impedir la postulación de López Aliaga, ya que ha decidido no asumir como senador. Villalobos precisa que el artículo 13 del Reglamento del Congreso establece que los senadores y diputados electos deben cumplir un procedimiento de acreditación y registro antes de asumir funciones. «Quien no lo cumple, no jura ni asume«, afirmó.
Por otro lado, José Naupari señala que «creo que es más fácil declarar la improcedencia de la candidatura; sin embargo, reconozco que una interpretación a favor de la participación política le permitiría participar como candidato«. Silvia Guevara destaca que López Aliaga enfrenta un escenario «riesgoso«. «Ya que se hizo oficial el acta de proclamación, sí es complicada su situación«, explicó.
El futuro del escaño en el Senado
Otro aspecto crucial a resolver es el futuro del escaño en el Senado. Villalobos opina que «se debería llamar a su accesitario«, Absalón Vásquez en lugar de declarar vacío el escaño. «La silla vacía está regulada en el reglamento del nuevo Congreso, pero solo para el caso de vacancia de un congresista que ha sido condenado por ciertos delitos graves«, señaló.
Guevara considera que el caso encaja en una figura de vacancia y no de pérdida del escaño. «Las causales de pérdida están detalladas en el reglamento y responden a situaciones específicas, como determinadas condenas«, afirmó. La especialista añadió que cualquier decisión que limite el derecho de representación política de una organización debe estar expresamente prevista en la norma.
El caso en el Congreso se resolverá en agosto, dejando a López Aliaga y a Renovación Popular en un estado de incertidumbre mientras se definen los próximos pasos legales y políticos.
