En las sesiones de control político celebradas los días 8 y 9 de abril de 2026, el Concejo Distrital de Cali expuso un panorama alarmante sobre la violencia que afecta a la población joven de la ciudad. Los datos oficiales presentados indican una tasa de 45,6 muertes por cada 100.000 habitantes y una participación del 8,54% en el total de homicidios del país, cifras que motivaron propuestas de intervención inmediata.
Del total de homicidios registrados en 2026, que alcanzaron 1.067, 479 víctimas tenían menos de 28 años: 420 entre 18 y 28 años y 59 entre 12 y 17 años; además, se recordó que, entre 1993 y 2026, más de 29.000 jóvenes perdieron la vida en la ciudad. Ante este contexto, el debate recuperó la idea del toque de queda sectorizado para las comunas con mayor riesgo.
Mapa de exclusión y actores que financian la violencia
Los concejales relacionaron el crecimiento de los homicidios con zonas de privación socioeconómica: las comunas 13, 14, 15 y 21 concentran la mayor parte de los hechos violentos. Según intervenciones en la plenaria, la criminalidad se alimenta de actividades como la minería ilegal en los Farallones y el narcotráfico, que operan como motores económicos para la compra de armamento y la estructuración de bandas que ya señalan su presencia en el territorio con pancartas.
Deficiencias tecnológicas y operativas
El debate puso en evidencia fallas críticas en la capacidad de vigilancia de la ciudad: cerca de la mitad de la red de fibra óptica que debe sostener las cámaras de videovigilancia no está operativa, lo que limita el monitoreo en tiempo real y la reacción de las autoridades. Los concejales mostraron preocupación por la aparición de mensajes de grupos armados en sectores como Siloé y la avenida Circunvalar, y pidieron mayor eficacia en la respuesta técnica y operativa.
Además, se señaló la subutilización de recursos a pesar de un presupuesto récord para seguridad: efectivos policiales son frecuentemente asignados a labores de control de tránsito en vez de concentrarse en planes estratégicos como los planes candado diseñados para combatir hurto y fleteo. También se criticó el estancamiento de proyectos clave, como la Megaestación del Sur, cuya demora prolonga la vulnerabilidad de comunidades en zonas de alta complejidad.
Propuestas, críticas y programas sociales
Ante el fenómeno de confrontaciones entre pandillas juveniles —identificadas en el debate como guireo y chacaleo—, varios concejales defendieron la implementación de un toque de queda sectorizado para menores en comunas críticas, con el objetivo de frenar la instrumentalización de jóvenes por bandas criminales. Esta propuesta llega acompañada de reclamos por la falta de liderazgo y de una coordinación central que oriente la acción interinstitucional.
Toque de queda sectorizado: argumentos y dudas
Los defensores del toque de queda argumentan que una medida focalizada podría proteger a niños y adolescentes en puntos calientes, mientras que los detractores piden datos claros sobre su eficacia y garantías de derechos. El Concejo exigió al secretario de Seguridad que precise la logística, el alcance temporal y la articulación con las secretarías de Educación y Desarrollo Económico para que la restricción vaya acompañada de alternativas formativas y de empleo.
Programas sociales y exigencias de rendición de cuentas
El programa En la Buena fue duramente cuestionado: según intervinientes, nueve de cada diez jóvenes abandonan la iniciativa, lo que evidencia problemas de diseño, retención y medición de impacto. También se solicitó transparencia sobre el estado y operación del helicóptero Halcón y la reactivación de mesas vecinales que faciliten la participación comunitaria en la prevención. La crítica recurrente fue la falta de un comando unificado que integre inteligencia, tecnología y justicia para análisis en tiempo real.
En síntesis, el Concejo concluyó que la respuesta a la crisis requiere tanto medidas inmediatas —como el estudio de un toque de queda sectorizado— como la corrección de fallas estructurales en infraestructura tecnológica, la ejecución de proyectos postergados y la reorientación de programas sociales con metas claras de impacto. El debate continuará para exigir al Secretario de Seguridad detalles sobre ejecución presupuestal y resultados operativos.
