El presidente Donald Trump ha puesto en el centro del debate las vulnerabilidades del sistema electoral estadounidense. En un anuncio impactante, Trump reveló que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha identificado a más de 250.000 posibles no ciudadanos registrados para votar en las próximas elecciones nacionales. Esta afirmación, hecha el jueves 16 de julio ha generado una ola de críticas y cuestionamientos por parte de expertos en seguridad electoral.
La información proviene de un documento publicado por el DHS y cartas enviadas por el secretario Markwayne Mullin a funcionarios electorales de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada. Según Mullin, los datos indican que 190.832 no ciudadanos están registrados en California, 35.152 en Nueva Jersey, 15.903 en Nevada y 14.576 en Pensilvania. Trump prometió desclasificar información adicional que respalde estas cifras, asegurando que «Voy a desclasificar información de inteligencia que da cuenta de grandes vulnerabilidades en la infraestructura del sistema electoral».
Expertos cuestionan la metodología y la veracidad de los datos
La reacción de los expertos no se hizo esperar. David Becker director ejecutivo del Centro para la Innovación e Investigación Electoral cuestionó la metodología utilizada por el DHS. Según Becker, los datos se basan en comparaciones con registros comerciales que son «menos detallados que los registros de votantes». Esto, argumenta, imposibilita una identificación precisa y hace que compartir estas cifras sea «irresponsable».
Wendy Weiser vicepresidenta del Centro Brennan para la Justicia fue aún más contundente. En su cuenta de Bluesky, Weiser afirmó que las cifras presentadas por Mullin «casi con toda seguridad son falsas o están enormemente exageradas». Además, señaló que la administración tiene un historial deficiente en cuanto a acusaciones falsas de irregularidades electorales.
El Sistema SAVE y sus controversias
El DHS utilizó el Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE) para identificar a los no ciudadanos. Originalmente diseñado para verificar la ciudadanía de quienes solicitan beneficios gubernamentales, el sistema fue adaptado por la administración Trump para un uso más amplio. Sin embargo, críticos señalan que esta nueva versión es «muy defectuosa».
La agencia AP informó que Trump ha recortado millones de dólares en fondos federales a la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA) una entidad clave para garantizar la seguridad de los comicios. Además, el presidente destituyó a miembros de una comisión electoral bipartidista que se opuso a sus intentos de exigir documentos de ciudadanía a los posibles votantes.
Limitaciones legales y desafíos futuros
Varios tribunales federales han dictaminado que el poder ejecutivo tiene una autoridad muy limitada para exigir acceso o modificaciones a los registros electorales estatales. A pesar de estos fallos, Mullin exigió a los funcionarios electorales de los estados que ingresen sus registros de votantes en SAVE, amenazándolos con sanciones si no lo hacen. Esta medida ha generado tensiones y ha puesto en evidencia las limitaciones legales y los desafíos futuros en la gestión de los registros electorales.
Mientras el debate continúa, la comunidad electoral y los expertos en seguridad siguen analizando las implicaciones de estas revelaciones. La veracidad de las cifras presentadas por el DHS y la metodología utilizada seguirán siendo puntos clave en la discusión sobre la integridad del sistema electoral estadounidense.
