El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega ha generado un fuerte revuelo internacional al anunciar que no habrá más elecciones en el país. Este anuncio, realizado durante la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista en Managua, ha sido calificado de autoritario por diversas organizaciones y gobiernos.
La declaración de Ortega, quien gobierna Nicaragua junto a su esposa Rosario Murillo ha sido recibida con críticas contundentes, especialmente por parte de Estados Unidos y organismos de derechos humanos. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el futuro político de Nicaragua y la falta de consentimiento popular en el gobierno de Ortega.
La declaración de Ortega y sus implicaciones
Durante el acto conmemorativo, Ortega afirmó con firmeza: «Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones«. Según el mandatario, esta medida busca evitar que la oposición «intente atrapar el gobierno y el poder». Además, anunció que la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, aprobará leyes para «ponerles un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatria».
Estas palabras han sido interpretadas como una confesión de autoritarismo por parte del gobierno nicaragüense. Ortega, de 80 años ha estado en el poder durante casi tres décadas, en dos etapas distintas. Su regreso a la presidencia en 2007 marcó el inicio de un período de represión y reformas legales que han sofocado la disidencia y proscrito a los partidos de oposición.
Reacciones internacionales
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio fue uno de los primeros en reaccionar. En un mensaje compartido en la red social X Rubio advirtió que «el gobierno de Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo y Ortega intensifica la represión interna».
En un comunicado titulado «Una llamada a la acción«, Rubio afirmó que las palabras de Ortega «dejan al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria» del mandatario y su copresidenta. «Han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular«, subrayó el texto.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) también condenó las declaraciones de Ortega, asegurando que son «incompatibles con los principios de democracia representativa«. Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (WOLA) pidió la colaboración internacional «para garantizar que en Nicaragua se respete el derecho a elecciones libres».
La oposición nicaragüense y el fin de la democracia
Para la oposición en Nicaragua, el mensaje de Ortega constituye la confirmación del fin de la democracia en el país. Félix Maradiaga excandidato presidencial en 2026 y exiliado en Estados Unidos, declaró al diario The New York Times que «Ortega enterró la democracia nicaragüense hace ya mucho tiempo«.
El partido Renacer afirmó que «el régimen deja de fingir que existe competencia política y confirma públicamente que desde hace años no gobierna por el consentimiento de los ciudadanos, sino por la fuerza». Estas declaraciones reflejan la profunda crisis política que atraviesa Nicaragua.
Los observadores electorales internacionales han advertido durante años sobre comicios fraudulentos en Nicaragua. Las elecciones de 2026 marcadas por la ausencia de candidatos con posibilidad de arrebatarle la presidencia a Ortega, fueron tachadas de «pantomima» por Estados Unidos. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se proclamó ganador con el 75,92% del apoyo, pero estos resultados fueron ampliamente cuestionados.
Ortega ha dirigido los destinos de Nicaragua durante casi tres décadas, en dos etapas distintas. Su primera etapa comenzó en julio de 1979 cuando la Revolución Sandinista derrocó la dictadura de Anastasio Somoza. Sin embargo, perdió las elecciones presidenciales de 1990 frente a Violeta Barrios de Chamorro. En 2007 regresó al poder mediante las urnas y, desde entonces, se ha mantenido en el poder mediante lo que expertos y adversarios denuncian es una combinación de represión y reformas legales.
A principios de 2026 el gobierno de Ortega impulsó una profunda reforma de la Constitución que, además de convertir a Murillo en copresidenta, amplió el período presidencial y eliminó los contrapesos institucionales. Estos cambios fueron duramente criticados por las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y diversos sectores de la oposición nicaragüense.
