En un giro inesperado de los eventos, la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, se encuentra en el centro de una investigación por presuntamente simular su propio secuestro. Las autoridades del Estado de México han iniciado un proceso legal contra ella y seis personas más, acusadas de participar en este presunto fraude.
El escándalo, que ha sacudido al municipio de Tenancingo, involucra un desvío de 40 millones de pesos del erario público. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha confirmado los avances en la investigación, que comenzó tras los eventos ocurridos la noche del 31 de mayo de 2026.
Los detalles del presunto fraude
Según las investigaciones, la alcaldesa, junto a su esposo y cuñado, habría planeado el autosecuestro desde febrero de este año. El plan involucraba a seis personas en total, quienes supuestamente recibieron instrucciones de la alcaldesa para esquivar las cámaras de seguridad.
La FGJEM ha ejercido acción penal contra tres de los presuntos responsables, identificados como Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Cristian “N”, quienes fueron detenidos en Oaxaca. En cuanto a la alcaldesa, se ha solicitado y obtenido una Audiencia de Formulación de Imputación por el delito de simulación de secuestro, la cual se llevará a cabo el próximo 9 de julio.
Además, se busca a José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente, quienes se encuentran prófugos de la justicia. Las autoridades han indicado que los implicados podrían enfrentar una pena de hasta 16 años de prisión por el delito de simulación de secuestro, mientras que la servidora pública podría recibir una sanción de hasta 700 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Las irregularidades y el clima de tensión en Tenancingo
Paralelamente, la alcaldesa ha sido acusada de intentar criminalizar el periodismo en Tenancingo. La agrupación «100 Periodistas por el Estado de México» ha lanzado un llamado urgente a las autoridades para detener esta criminalización, luego de que Nancy Nápoles Pacheco demandara penalmente a cuatro comunicadores locales.
Los periodistas, identificados como Ángel Ávila, Alejandro López, Ramón Castañeda y Arturo Escobar, fueron notificados para pagar un total de 500 mil pesos como supuesta reparación del daño. La demanda se basa en supuesta violencia digital y daño psicológicoargumentando que el trabajo periodístico la revictimiza al recordar el presunto secuestro.
La organización periodística ha solicitado la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, del titular de la FGJEM y de los integrantes del Congreso local para garantizar el ejercicio pleno de la prensa en la región. Este caso ha generado un clima de tensión en Tenancingo, donde los informadores acusan un intento directo y sistemático por silenciar las investigaciones que exponen las deficiencias de la actual administración gubernamental.
Las posibles sanciones y el futuro del caso
Las investigaciones de la Fiscalía han revelado que la alcaldesa y sus presuntos cómplices planeaban exigir un rescate de 40 millones de pesos para justificar un faltante en las finanzas del Ayuntamiento de Tenancingo. Según las declaraciones de la alcaldesa ante el Ministerio Público, el plan fue suspendido al percatarse de la movilización policial.
El caso sigue en desarrollo, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el desenlace de esta controversia. Mientras tanto, la comunidad de Tenancingo y los medios de comunicación siguen atentos a los acontecimientos, esperando que la justicia prevalezca y se aclaren los hechos.
