El Gobierno de Javier Milei abrió la etapa de ofertas económicas para la concesión del corredor fluvial Paraná-Paraguay, un proceso que atrae inversiones por más de US$10.000 millones y que se extiende por concesión por 25 años. El 20 de mayo de 2026 se oficializó la apertura de las propuestas de dos consorcios finalistas: el formado por Jan de Nul y la argentina Servimagnus, y otro encabezado por la belga DEME con respaldo financiero de KKR y socios estadounidenses. La adjudicación influirá directamente en la salida al mundo de la mayor parte de la cosecha argentina y en la logística regional.
El proyecto no es solo económico: también desató alertas institucionales y políticas. La Oficina de Investigaciones Administrativas advirtió sobre “serias y evidentes irregularidades” en la redacción del pliego, y la oposición presentó un proyecto para suspender la licitación reclamando más estudios ambientales y participación pública. Además, actores internacionales elevaron preocupaciones sobre presuntos sesgos y posibles vínculos con empresas estatales chinas, transformando la licitación en un tema de interés diplomático.
El concurso y los competidores
En lo administrativo, la licitación está gestionada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, cuyo director, Iñaki Arreseygor, señaló que los oferentes ya no pueden modificar sus propuestas. Formalmente, solo figura DEME en la hoja de oferta, aunque su alianza incluye a Great Lakes y firmas financieras como Clear Street y KKR. Por otro lado, el consorcio de Jan de Nul incorpora a Servimagnus, que en el pasado trabajó con la china CCCC Shanghai Dredging, según registros. El proceso exige un compromiso financiero y técnicas especializadas para profundizar la vía navegable, cuya mejora es vital para el transporte de granos.
Reclamaciones formales y requisitos
El consorcio respaldado por KKR presentó el 11 de mayo una carta al Gobierno de Estados Unidos pidiendo “compromiso oportuno” ante lo que considera un proceso acelerado y sesgado. Entre los puntos en disputa está la exigencia de un aval de impugnación y un depósito de impugnación de US$10 millones, que algunas partes han rechazado pagar; si una impugnación fracasa, la garantía queda en manos del Estado. Además, el pliego fija condiciones como un precio mínimo y fórmulas de evaluación que los oferentes cuestionan por no ajustarse a estándares internacionales del sector.
Acusaciones y alertas internacionales
El conflicto escaló cuando el congresista estadounidense Brian Mast escribió al secretario de Estado, Marco Rubio, el 23 de abril para advertir sobre una posible “influencia maligna” de China en la licitación. Mast afirmó que Jan de Nul mantiene vínculos profundos y continuos con empresas estatales chinas a través de Servimagnus, algo que la firma argentina niega: asegura que si bien trabajó en el pasado con CCCC Shanghai Dredging, no mantiene contratos ni vínculos actuales con entidades estatales chinas. Jan de Nul respondió categórico, calificando las acusaciones de “falsas y maliciosas” y aclarando que su oferta contempla la contratación de tecnología norteamericana si resulta adjudicataria.
Intervenciones diplomáticas y prensa
La disputa llegó a oficinas del Ejecutivo estadounidense: una delegación argentina, con el asesor Santiago Caputo, se reunió con funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional y la Embajada en Washington. Según fuentes, el encuentro incluyó a Michael Jensen, asesor para el Hemisferio Occidental, pero no se registraron objeciones formales por parte de la Casa Blanca. Paralelamente, la prensa internacional amplificó la controversia y subrayó que la licitación se ha convertido en un punto de fricción entre los intereses de Estados Unidos y la expansión de la presencia económica china en la región.
Implicaciones económicas y riesgos políticos
Más allá de las controversias, la adjudicación ofrece acceso a ingresos estimados en cerca de US$600 millones anuales en peajes, según los términos del pliego, y condicionará la competitividad del sector agroexportador. Los opositores advierten que faltan estudios ambientales comprehensivos y que la evaluación técnica podría haber sido manipulada. Si las impugnaciones prosperan, el proceso enfrenta dilaciones legales y administrativas; de lo contrario, la decisión marcará la pauta para próximas privatizaciones y podrá afectar la llegada de capitales extranjeros si persisten las sospechas de falta de transparencia.
En síntesis, la licitación del Paraná combina desafíos técnicos, demandas de inversión por miles de millones y un escenario geopolítico en el que se confrontan preocupaciones sobre transparencia, protección del entorno y la influencia de actores globales. El resultado será determinante para la salida de la cosecha argentina y para la percepción internacional sobre la capacidad del Gobierno para administrar grandes contratos estratégicos.
