La reciente operación militar en el sur de Bolívar, específicamente en Las Claritas y el Kilómetro 88, ha generado un impacto significativo en la vida de los habitantes. Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha reportado el fallecimiento de alias Niño Guerrerola situación en las comunidades mineras dista de ser pacífica.
La intervención, que involucró a varios componentes de seguridad del Estado y una fuerza militar extranjera, ha dejado un vacío de poder que ha sido llenado por el desorden y la delincuencia común. En Las Brisas, una comunidad vecina a Las Claritas, la salida de los grupos armados no ha traído la calma esperada, sino todo lo contrario.
Descontrol y delincuencia en Las Brisas
En Las Brisas, la presencia de cuerpos de seguridad como el Sebinel Conasla Dgcimel Ejército y la Guardia Nacional se limita a los accesos principales. Los efectivos se dedican principalmente a revisar documentos y papeles de motos, descuidando la seguridad interna del barrio.
«Aquí, en esta parte de Las Brisas está el Sebin, el Conas, la Dgcim; también está tomado por el Ejército y la Guardia Nacional«, relata una trabajadora de la zona. Los vecinos describen un escenario de robos y delincuencia común que ha desbordado las calles, ante la mirada indiferente de las alcabalas oficiales.
«Los guardias que están aquí, que tomaron esto, están ahorita en las garitas que eran de los malandros. Ellos lo único que están es pidiendo cédula y los papeles de la moto y arráncate, pues, registrando normal«, añade la entrevistada. La ausencia de una autoridad civil que patrulle o medie en los conflictos ha dejado a la comunidad desamparada.
«Aquí esto se convirtió en un pandillaje horrible, ahora hay una robadera; ya empezaron a robarse hasta las cosas más estúpidas. Esto quedó como un barrio sin ley ahorita, porque el gobierno no hace nada«, enfatiza la mujer. A pesar del descontrol, los comercios en Las Claritas intentan mantener su ritmo diario, aunque los servicios públicos siguen empeorando con largos racionamientos de electricidad.
El desmantelamiento de los sindicatos de ‘Juancho’ y ‘Johan Petrica’
Las Claritas y el Kilómetro 88 estuvieron bajo el control de sindicatos armados que impusieron sus propias leyes y administraron de forma ilegal los yacimientos auríferos. Tras el despliegue militar del pasado 9 de junio, la huida de los cabecillas desató una reacción inmediata en la población civil, que procedió a saquear las viviendas y centros de operaciones privados que pertenecían a los miembros de estas bandas criminales.
Un trabajo periodístico del Correo del Caroní señala que el andamiaje delictivo en esta zona estuvo encabezado por Juan Gabriel Rivas Núñezalias Juancho o Negro Juancho. Este ciudadano de origen colombiano, posteriormente nacionalizado venezolano, consolidó su poder en el sur de Bolívar tras operar inicialmente como minero independiente (batero).
De acuerdo con reportes de Transparencia Venezuelala banda de Juancho es la estructura criminal más antigua de la zona y controlaba directamente las minas de Las Brisas y Las Cristinas, consideradas entre los depósitos de oro más grandes del mundo. El historial de Rivas Núñez revela un patrón continuo de impunidad, evasión judicial y el uso de identidades falsas.
El segundo objetivo de alta relevancia en el reciente operativo de las fuerzas militares es Yohan José Romeroalias Johan Petricacofundador del Tren de Aragua. Romero, sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en julio de 2026, es señalado por las agencias internacionales como el responsable directo de las operaciones mineras ilegales de la megabanda en Bolívar y de proveer el armamento de guerra utilizado para controlar el territorio.
SOS Orinoco alerta sobre la devastación y el control territorial
La presencia de estos sindicatos y organizaciones dedicadas al pranato minero no constituye un fenómeno aislado o espontáneo en la geografía del estado Bolívar. La organización no gubernamental SOS Orinoco denunció que la permanencia y proliferación de estos grupos delincuenciales responde a una configuración estructural de control del territorio que involucra complicidades institucionales en diversos niveles de articulación, promovidas y toleradas por el propio Estado venezolano.
En un comunicado publicado el pasado 13 de junio, la organización especializada en la defensa de los derechos humanos y ambientales alertó sobre las consecuencias críticas del modelo extractivista implementado en la región. De acuerdo con SOS Orinoco, la Amazonía venezolana y las comunidades indígenas que habitan ancestralmente estos espacios han sufrido una devastación sistemática a manos de las redes de extracción ilegal de minerales.
Las mediciones satelitales y de campo expuestas por SOS Orinoco indican que, desde la formalización del Arco Minero del Orinocose ha registrado la destrucción de más de 950.000 hectáreas de cobertura boscosa en el sur del país. Asimismo, la organización denunció la contaminación crítica por mercurio en las principales cuencas hidrográficas que sustentan los ecosistemas locales, afectando la fauna fluvial y las fuentes de agua de las poblaciones humanas.
La organización enfatizó que estas operaciones mineras ilegales se han expandido de forma flagrante incluso dentro de áreas bajo régimen de protección estricta, como el Parque Nacional Canaimacalificando la situación general como un ecocidio continuado que ingresa a los mercados internacionales de metales preciosos.
