En un contexto donde la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante en Colombia, la Ley 2530 de 2026 surgió como un rayo de esperanza para los niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos tras el feminicidio de sus madres. Sin embargo, esta ley, que prometía atención prioritaria y apoyo integral, se encuentra en un grave limbo jurídico debido a la falta de un decreto reglamentario.
El 20 de junio de 2026 marca un punto crítico, ya que el Ministerio de la Igualdadencargado de liderar la implementación de la normativa, finalizará sus funciones sin haber expedido el decreto necesario. Esta situación ha generado una ola de preocupación entre las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre las consecuencias devastadoras para las familias afectadas.
La urgencia de una ley que proteja a los más vulnerables
Marcela Boyacá, directora de la Fundación Huérfanos y Familias víctimas por Femicidio Colombia (HUFAFEM)ha sido una de las voces más activas en la denuncia de esta situación. En una entrevista con un medio nacional, Boyacá destacó la urgencia de que la ley se convierta en beneficios reales para las familias. «Es absolutamente necesario que la ley se convierta de manera urgente en beneficios reales para las familias y, especialmente, para los huérfanos y huérfanas del feminicidio», afirmó.
La ley no solo busca brindar apoyo económico, sino también facilitar los trámites de custodia, matrícula escolar, afiliación a EPS y acceso a subsidios estatales. Además, establece protocolos para garantizar que los victimarios no tengan contacto con los menores. «Ese protocolo permitirá a las familias simplificar los trámites necesarios para obtener la custodia legal», explicó Boyacá.
Un panorama alarmante en Colombia
Según datos oficiales, en Colombia se registran, en promedio, dos feminicidios al día. Esto significa que, anualmente, aproximadamente 730 niños, niñas y adolescentes quedan huérfanos por feminicidio. Sin embargo, la falta de un registro oficial de huérfanos por feminicidio agrava la situación, ya que muchos casos permanecen invisibles para las instituciones.
La situación es aún más crítica en las regiones más apartadas del país, donde la presencia del Estado es limitada. «En muchos municipios no hay comisarías de familia, sedes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ni oficinas de la Fiscalía General de la Nación que puedan brindar una atención inmediata a los menores afectados», señaló Boyacá.
El llamado a la acción
Ante esta crisis, las organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Congreso y a las entidades competentes para que garanticen la continuidad de la implementación de la ley. «Al Gobierno Nacional le pedimos un esfuerzo enorme. Entendemos que el país atraviesa un momento complejo, pero esta es una población que necesita ayuda urgente y que la reclama a gritos», declaró Boyacá.
Se ha sugerido que el Ministerio de Justicia podría asumir la continuidad de esta política pública una vez desaparezca el Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre cuál será la entidad encargada de asumir estas funciones. «Desde nuestra perspectiva, creemos que el Ministerio de Justicia podría desempeñar ese papel», añadió Boyacá.
El mensaje es claro: la implementación de la Ley 2530 de 2026 no puede esperar. Los niños y jóvenes huérfanos por feminicidio necesitan protección y apoyo inmediato. La incertidumbre jurídica no puede convertirse en una sentencia de abandono para quienes ya han sufrido demasiado.
