El Consejo Nacional Electoral (CNE) determinó abrir una indagación preliminar contra el senador Iván Cepeda por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña durante la consulta interpartidista celebrada el 26 de octubre de 2026. La solicitud que dio pie al proceso fue radicada por el exconcejal Juan Martín Bravo Castaño el 15 de enero de 2026 y, según el auto publicado, el expediente exige la entrega de documentación para verificar ingresos y gastos.
El inicio de la actuación tiene lugar en un contexto político tenso, cuando la campaña del Pacto Histórico se encuentra en plena carrera hacia la elección presidencial cuya primera jornada de votaciones está prevista para el 31 de mayo. En este marco, el CNE solicitó información clave a diferentes entidades y empresas para reconstruir el flujo de recursos reportados a la autoridad electoral y valorar posibles violaciones al régimen de financiación.
Alcance y fundamentos de la indagación
El auto del CNE se fundamenta en normas que regulan el financiamiento político y los procedimientos administrativos. El órgano pidió, entre otros, la copia íntegra del informe técnico sobre el reporte de ingresos y gastos de la campaña de Cepeda, así como los soportes y anexos que reposen en el aplicativo Cuentas Claras. Además, se requirió al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría la remisión de documentos que permitan verificar la inscripción y el aval de la candidatura.
Documentos y peticiones concretas
¿Qué solicitó exactamente el CNE?
En el requerimiento figuran pedidos específicos: copias de los formularios de inscripción (E-6, E-7 y E-8), el informe de revisión técnica sobre las cuentas de la consulta del 26 de octubre de 2026, y los anexos que sirvan de soporte a los movimientos financieros reportados. También se pidió a la empresa Samat Publicidad S.A.S. que entregue los extractos bancarios, comprobantes y la acreditación del origen de los aportes que habrían sido reportados como contribuciones a la campaña.
Plazos y obligaciones procesales
El auto exige que, dentro de un término de 10 días hábiles contados desde la comunicación, se remitan los documentos solicitados y que el propio candidato se pronuncie sobre los hechos objeto de la actuación, aportando las pruebas que estime pertinentes. El llamado incluye la posibilidad de ampliar la recolección probatoria para esclarecer si existió o no una vulneración al régimen de financiación electoral.
Reacciones políticas y movilizaciones
Tras conocerse la indagación, la campaña de Iván Cepeda no emitió de inmediato un pronunciamiento exhaustivo sobre las solicitudes documentales; sin embargo, el candidato anunció movilizaciones públicas para el 1 de mayo en rechazo a la reciente ola de violencia que, según versiones de prensa, ha dejado al menos unas 20 víctimas mortales. En su intervención, Cepeda expresó que estas acciones buscan denunciar un clima de intimidación y la intención de frenar la movilización política de sus apoyos.
Posibles consecuencias y contexto electoral
La presentación de la petición por parte de Juan Martín Bravo Castaño incorpora varios hechos que, de comprobarse, podrían derivar en sanciones administrativas por infracciones al régimen de financiación. Las autoridades electorales ahora deben valorar las pruebas y decidir si proceden medidas correctivas o sancionatorias. A menos de un mes de la primera votación, el proceso añade presión sobre la campaña y sobre el desenvolvimiento de la contienda presidencial.
En los próximos días será clave la respuesta de las entidades requeridas —incluyendo la Registraduría, el Fondo Nacional de Financiación de Partidos y la empresa de publicidad citada— así como la documentación que aporte la campaña de Cepeda al trámite. El desarrollo de la indagación marcará si la controversia tiene alcance meramente probatorio o si, por el contrario, genera efectos directos en la inscripción, financiación o actuación política del candidato en la recta final hacia la elección del 31 de mayo.
