El Consejo Nacional Electoral (CNE) inició una indagación preliminar contra el senador Iván Cepeda ante denuncias sobre la procedencia y el monto de aportes reportados en su campaña para la consulta interna del Pacto Histórico. Según reportes publicados el 01/05/2026, las quejas señalan movimientos financieros que podrían exceder los límites permitidos por la normativa electoral y por eso el organismo solicitó información complementaria a distintos entes del Estado.
La apertura de este expediente no equivale a una sanción automática: se trata de una fase inicial cuyo propósito es reunir soportes documentales y verificar si existen méritos suficientes para avanzar hacia un proceso formal. El caso ha ganado atención por su coincidencia con la etapa previa a las elecciones presidenciales, lo que añade tensión al debate público sobre transparencia y financiación política.
Alcance de la indagación
El CNE reclamó a la Registraduría y al Fondo Nacional de Financiación de Partidos los reportes detallados de ingresos y gastos relacionados con la consulta del Pacto Histórico, además de las pruebas aportadas al sistema oficial. Entre los documentos solicitados figuran extractos bancarios, contratos y comprobantes que permitan trazar el origen de las sumas reportadas. El objetivo explícito del organismo es determinar si hubo una vulneración de las normas que regulan los aportes económicos en campañas políticas y, en particular, si se sobrepasaron los topes establecidos por ley.
Aportes señalados y normativa aplicable
Las denuncias apuntan a dos movimientos financieros concretos: un aporte de la empresa SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. reportado, según algunos medios, en $609 millones, y una contribución adicional de $116 millones atribuida a Javier Antonio Pérez Páez, representante legal de la misma compañía. Los denunciantes sostienen que estos montos, sumados, podrían superar el tope del 10% establecido para aportes privados conforme al artículo 23 de la Ley 1475 de 2011. En tal caso, la situación implicaría una eventual infracción de la normativa sobre límites de financiación.
Solicitudes formales y plazos
Como parte del procedimiento, el CNE notificó formalmente a Iván Cepeda para que presente sus descargos y aporte las pruebas documentales pertinentes en un plazo establecido por el tribunal electoral, que en los comunicados se refiere a diez días hábiles. De manera paralela, se pidió a SAMAT PUBLICIDAD S.A.S. que acredite el origen de los recursos mediante extractos y soportes bancarios. Estos requerimientos buscan reconstruir la trazabilidad de los flujos económicos y establecer si la financiación se ajustó a la ley.
Actores que presentaron las denuncias y posibles sanciones
Entre quienes presentaron quejas ante el órgano electoral se mencionan figuras públicas como el senador Jota Pe Hernández y el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo, además de ciudadanos particulares. La intervención del CNE responde a estas peticiones y a la necesidad de verificar la transparencia en el proceso interno celebrado el 26 de octubre de 2026, fecha en la que se realizó la consulta interpartidista del Pacto Histórico.
Consecuencias en caso de hallazgos
Si el CNE encuentra méritos suficientes para formular cargos formales, las sanciones podrían ir desde multas administrativas hasta efectos sobre la participación del candidato en procedimientos electorales, dependiendo de la gravedad y la naturaleza de la infracción. Es importante recordar que la apertura de la indagación es una fase probatoria: primero se recoge evidencia, luego se valora y, en su caso, se decide si procede la imputación de responsabilidades.
Contexto político y próximos pasos
El caso se desarrolla en un momento sensible del calendario electoral y por eso los resultados de la investigación podrían influir en la percepción pública sobre la campaña de Iván Cepeda y en la agenda política del Pacto Histórico. Por ahora, la atención está centrada en las pruebas que presenten las partes y en las respuestas que entregue el candidato al requerimiento del organismo electoral. Mientras tanto, el país permanece a la espera del pronunciamiento oficial y de la documentación que aclare la procedencia de los recursos señalados.
En síntesis, la indagación del CNE busca establecer si existió una vulneración de las normas de financiación en la consulta del Pacto Histórico; el proceso sigue su curso con solicitudes de documentación y plazos para descargos, y aún no se ha dictado ninguna sanción.
