La figura de Manuel Adorni, jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, enfrenta una batería de preguntas por movimientos patrimoniales y viajes. Periodistas y registros oficiales dieron pie a una investigación que chequeará si las adquisiciones y traslados se corresponden con los ingresos declarados. El caso reúne hipotecas poco usuales, facturación de vuelos privados y la presencia de terceros en operaciones inmobiliarias que hoy deben aclararse ante la justicia.
El núcleo de la pesquisa no nació de un cruce automático de datos sino de publicaciones periodísticas que señalaron irregularidades. Tras la difusión del uso del avión presidencial para un viaje de la esposa de Adorni y la aparición de imágenes de un privado a Punta del Este, los fiscales profundizaron en escrituras, pagos y entradas a la Casa Rosada. En ese contexto, se analizan tanto la estructura de financiamiento como las registraciones en las declaraciones juradas públicas y confidenciales.
El nudo inmobiliario
En el centro del expediente aparece un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio de Caballito, comprado por Manuel Adorni por un valor declarado de US$230.000 el 18 de noviembre de 2026. Lo llamativo del negocio es que aproximadamente el 87% del precio fue cubierto mediante una hipoteca no bancaria suscripta por dos mujeres: Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo. Ambas habían adquirido la unidad seis meses antes por US$200.000 al exfutbolista Hugo Morales, lo que despertó sospechas sobre si se trató de una reventa independiente o de una operación diseñada para ocultar la verdadera procedencia de los fondos.
Perfiles y posibles intermediarios
El expediente indaga si las prestamistas actuaron como testaferros o si facilitaron la operación para un inversor no declarado. Informes públicos muestran que Sbabo apareció en el programa Pase Cultural y que Viegas figura como socia en una sociedad de 2017, lo que pone en tensión la hipótesis de prestatarias de bajos recursos. Además, sobresale la participación de la escribana Adriana Nechevenko, vinculada tanto a la compraventa de Miró al 500 como a la inscripción de una casa en el country Indio Cua, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti.
Vuelos privados y facturas en cuestión
Otro hilo de la investigación son dos vuelos a Punta del Este que, según la causa, fueron facturados a nombre del periodista Marcelo Grandío y de la productora Imhouse. Aunque Adorni declaró haber abonado «su parte», la fiscalía no halló registros bancarios que respalden ese pago. Testimonios revelaron presiones para anular facturas y emitir notas de crédito, y la versión de que los pasajes se pagaron en efectivo complicó la reconstrucción del circuito de pagos.
Declaraciones y pruebas
La investigación suma el testimonio de Vanesa Tossi, empleada de la corredora aérea Jag Aviation, y la declaración del broker Agustín Issin, que habló sobre el uso de asientos vacíos (‘empty leg‘) para reducir costos. El juez federal Ariel Lijo adoptó medidas cautelares, como la prohibición de contactar a testigos, mientras la fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, analiza si los vuelos constituyeron un regalo a un funcionario o si encubrieron gastos no declarados.
Documentos, viajes al exterior y el camino judicial
Los registros migratorios aportaron más dudas: aunque Adorni afirmó que su único viaje de esparcimiento reciente fue a Uruguay, la Dirección Nacional de Migraciones registró salidas a Perú y Ecuador y apunta a la posibilidad de que el destino final haya sido Aruba. La fiscalía solicitó planes de vuelo, reservas aéreas y datos de facturación para reconstruir itinerarios y determinar quién pagó cada tramo. Además, pidió el historial dominial completo de inmuebles vinculados a Adorni y Angeletti, inclusive escrituras, hipotecas y datos de expensas para comprobar el origen de los fondos.
Cuestiones patrimoniales y defensa
La denuncia inicial aludió a discrepancias entre la declaración jurada de inicio de gestión y las presentaciones posteriores, con omisiones que habrían ocultado activos por montos relevantes. En respuesta, Adorni contrató al abogado penalista Matías Ledesma y mantiene la explicación de que su patrimonio proviene de años en el sector privado. Mientras tanto, los fiscales continúan con medidas de prueba y citaciones, y la causa seguirá su curso en Comodoro Py bajo la órbita de jueces y fiscales federales.
