El conflicto judicial por la estatización de YPF reabrió un frente internacional: los demandantes, respaldados por Burford Capital, comunicaron a la jueza Loretta Preska su intención de iniciar un arbitraje ante el CIADI y, simultáneamente, continuar con recursos en la justicia estadounidense. Tras la anulación de la sentencia que había ordenado un pago millonario al grupo de accionistas, los patrocinadores legales buscan alternativas para mantener viva la reclamación y maximizar el valor de la financiación recibida.
En paralelo a esas gestiones, los abogados pidieron permiso para aprovechar en el arbitraje internacional la documentación y la evidencia obtenida durante el proceso en Nueva York. Esa solicitud plantea cuestiones sobre el alcance del discovery y la posibilidad de reutilizar pruebas confidenciales en foros distintos, un aspecto clave para la estrategia que combina jurisdicciones nacionales e internacionales.
Qué ocurrió en los tribunales de Estados Unidos
En 2026 la jueza Loretta Preska falló a favor de los demandantes, pero la decisión fue revertida por el tribunal de apelaciones cuando determinó que la interpretación de la legislación argentina realizada inicialmente no era correcta. La marcha atrás del panel de segunda instancia dejó sin efecto una condena que alcanzaba cifras superiores a los dieciséis mil millones de dólares y obligó a los patrocinadores a replantear su camino legal. Esa resolución en la esfera federal estadounidense puso sobre la mesa la alternativa del arbitraje internacional como vía complementaria.
Estrategia de los demandantes y papel de Burford
Burford Capital, que financió gran parte del litigio y había adquirido los derechos de acción por una suma relativamente baja, explicó que no renuncia a apelar la decisión ante instancias superiores en Estados Unidos ni a iniciar un procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El fondo también ha comercializado participaciones en la demanda y, según fuentes, ya recuperó montos sustanciales. Además, la firma solicitó formalmente a la jueza modificar órdenes para permitir que información obtenida en el proceso neoyorquino sea utilizada en el arbitraje.
Uso de pruebas y recurso de apelación
La petición dirigida a la magistrada busca que el discovery no quede limitado exclusivamente al litigio en Nueva York, sino que pueda alimentar la demanda ante el CIADI. Al mismo tiempo, los demandantes indicaron que explorarán la revisión del fallo por la Corte de Apelaciones y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Estados Unidos si procede. Estas maniobras muestran una estrategia dual: conservar vías de revisión dentro del sistema judicial estadounidense y llevar el caso a un tribunal de arbitraje internacional que se rige por tratados bilaterales de inversión.
Contexto internacional y antecedentes argentinos en el CIADI
El recurso al CIADI suele apoyarse en la existencia de un tratado bilateral de inversiones o cláusulas contractuales que permitan arbitraje inversor-Estado; en este expediente, una referencia posible es el tratado firmado por Argentina y España en 1991. Argentina tiene un historial numeroso en ese tribunal: en años recientes hubo fallos que obligaron al Estado a pagar indemnizaciones en casos como el de AES (alrededor de US$715,9 millones) y el de la constructora italiana por más de US$147 millones, entre otros. La experiencia acumulada demuestra que el CIADI ofrece caminos distintos y, en ocasiones, decisiones desfavorables para el Estado.
Consecuencias y próximas etapas
El avance hacia el arbitraje internacional implica notificaciones formales a las autoridades argentinas y la preparación de una demanda bajo reglas diferentes a las de los tribunales nacionales. Al mismo tiempo, la continuidad de recursos en Estados Unidos mantiene viva la posibilidad de revocar la anulación del fallo. En los mercados, la noticia ya tuvo efecto: las acciones de Burford Capital registraron fuertes caídas tras la decisión del tribunal de apelaciones, reflejando la incertidumbre sobre la recuperación potencial de una eventual condena.
En síntesis, la disputa por YPF entra en una fase paralela: por un lado, la búsqueda de un laudo en el CIADI amparada en instrumentos internacionales; por otro, la pugna por la revisión de la anulación en las cortes estadounidenses. Ambos frentes definirán el ritmo del litigio y sus consecuencias financieras y diplomáticas para Argentina y los inversores.
