Los últimos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han sacado a la luz una serie de actuaciones que complican la situación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En esos documentos la policía plantea que existió una estructura capaz de influir en decisiones públicas para favorecer el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La investigación describe además intentos por boicotear las pesquisas judiciales que analizaban el préstamo público concedido en 2026.
La causa gira en torno a un crédito público estimado en 53 millones de euros (US$ 64 millones) y a los presuntos beneficios que, según la UDEF, habrían sido desviados hacia personas y sociedades próximas al exmandatario. La operación, siempre según los informes policiales, habría utilizado empresas sin actividad real, instrumentales, y contratos que funcionarían como mera justificación documental.
Qué aportan los informes de la UDEF
En su segundo informe la UDEF fija al expresidente como el «principal beneficiario final» de los fondos que circularon en relación con el rescate. El documento menciona de forma explícita a la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y señala que los pagos se justificarían mediante contratos que no responden a actividad real. La policía subraya que la estructura usada parece diseñada para ocultar el destino real de los recursos y preservar el anonimato de los beneficiarios.
Elementos documentales y presunciones
Los agentes destacan contratos y movimientos societarios que, en su análisis, actúan como documentación de apariencia. La UDEF califica estos instrumentos como elementos que permitirían «canalizar» retribuciones hacia el entorno del investigado. Esta pieza documental suma a otras pruebas como mensajes y audios entre directivos de Plus Ultra y abogados que, según los investigadores, muestran decisiones destinadas a facilitar la operación económica.
Conversaciones que hablan de boicot y de presiones
Varios fragmentos de conversaciones incluidas en los informes reflejan la existencia de planes para «cerrar» la investigación. Un intercambio reproducido por la policía entre Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea, y su abogado Miguel Palomero el 20 de mayo de 2026 contiene expresiones como «Hay que cortar esto» y referencias a que «la fiscal jefa es amiga», que los investigadores consideran relevantes. También aparecen alusiones a pagos por «mordidas» o comisiones, término que aparece en el marco de la causa.
Actores y llamadas a influir
En esos diálogos se cita a varios responsables de la compañía y se sugiere coordinar acciones con personas denominadas por nombre de pila, entre ellas un «Julio», al que se le atribuye capacidad de presionar. Otro intercambio entre Reyes y el abogado Santiago Fernández Lena alude a la supuesta amistad de la fiscal jefe, algo que los investigadores interpretan como intento de aprovechar vínculos para frenar diligencias.
Vínculos políticos y pasos posteriores
Las conversaciones destapadas por la prensa y recogidas por la UDEF muestran además la mención de contactos en Venezuela y la referencia directa a Zapatero, al que algunos interlocutores consideran cercano al Ejecutivo. En un momento de la negociación, según los documentos, se sugiere «meterle chola al Zapa» para acelerar los trámites ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Otros mensajes muestran la preocupación por fugas de información, como el whatsapp de septiembre de 2026 que dice: «Hay una fuga de información de nuestras conversaciones con ZP«.
Anécdotas y material complementario
Entre los intercambios también figura la comunicación sobre Manuel Fajardo, señalado como hombre de confianza de Zapatero en Venezuela, y una broma entre directivos sobre el parecido físico de Zapatero con Mr Bean. La UDEF incorpora estas conversaciones como contexto que, según la policía, demuestra la cercanía entre varios de los protagonistas y la rapidez de las gestiones para obtener el rescate.
Implicaciones judiciales y próximos pasos
El juez instructor ha citado a José Luis Rodríguez Zapatero a declarar en calidad de investigado el próximo 2 de junio. La causa continúa abierta y la UDEF solicita que se valoren tanto las pruebas documentales como las comunicaciones intervenidas. Las pesquisas buscarán dilucidar si existió un verdadero tráfico de influencias, el destino final de los fondos del préstamo y la responsabilidad de quienes participaron en la maniobra. El proceso marcará el calendario político y judicial en las próximas semanas.
