Un informe reciente de Human Rights Watch reúne relatos de personas que fueron expulsadas desde Estados Unidos hacia México y que ahora enfrentan situaciones de precariedad en ciudades del sur como Tapachula y Villahermosa. Entre el 20 de enero de 2026 y el 9 de marzo de 2026, según la investigación, hubo miles de deportaciones de lo que HRW define como nacionales de terceros países, es decir, personas que no son ni de Estados Unidos ni de México. El informe, titulado «Nos abandonan aquí a morir» o en su versión inglesa «‘Casting Us Aside to Die'», combina entrevistas de campo y datos oficiales para describir un patrón que ha multiplicado el número de personas afectadas y las consecuencias humanitarias que enfrentan.
Los testimonios recogidos incluyen a hombres y mujeres de edades variadas, muchos de ellos con arraigo en Estados Unidos durante años o décadas. HRW identifica 4.353 cubanos entre las principales víctimas de estas políticas, y que casi 13.000 personas fueron enviadas a México en total como parte de transferencias acordadas entre ambos gobiernos. La organización critica tanto la práctica de las expulsiones sin notificación ni documentación como la ausencia de apoyo por parte de las autoridades mexicanas a personas que, tras llegar, quedan sin acceso a alojamiento, salud y mecanismos claros para obtener estatus legal.
Procedimiento y due process: faltas señaladas por HRW
HRW advierte que muchas expulsiones se realizaron sin ofrecer a las personas la oportunidad de impugnar su traslado a México, lo que representa una posible violación del derecho al debido proceso consagrado en normas internacionales. En las entrevistas, nadie relató haber recibido documentación, dinero o pertenencias al ser deportado. La investigación indica además que entre los cubanos deportados hay porcentajes de antecedentes penales: un 55% con condenas previas, 16% con cargos pendientes y 26% sin antecedentes, y que solo el 16% tuvo como delito más grave uno calificado como violento. HRW subraya que antes de este periodo masivo de expulsiones, la deportación masiva de residentes permanentes cubanos no era una práctica habitual en Estados Unidos.
Impacto en salud, vivienda y trabajo
Tras la llegada, muchas personas sufren la carencia de servicios básicos. Los entrevistados cuentan haber sido trasladados al sur de México en autobuses y luego dejados en ciudades con limitada capacidad de respuesta. El acceso a la atención médica resulta crítico: hay deportados con enfermedades crónicas que llegaron sin suficientes medicamentos —como casos de diabetes— y que han visto interrumpido su tratamiento. El informe recoge relatos de personas mayores que perdieron su suministro de fármacos y de otros que vivieron en la calle durante semanas. La imposibilidad de abrir cuentas bancarias por la ausencia de CURP o documentos limita además la recepción de apoyos y la búsqueda de empleo.
Barreras administrativas y protección
La vía de acceso a la protección en México también aparece obstaculizada. HRW describe a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) como una institución con insuficiente capacidad para procesar reclamos masivos: trámites lentos, requisitos burocráticos y la falta de opciones fuera del sistema de asilo. La organización recomienda que las autoridades mexicanas reanuden la emisión de documentos como la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y habiliten rutas hacia la residencia permanente para personas cuyo país de origen rechaza su repatriación.
Recomendaciones y responsabilidades
HRW plantea medidas dirigidas tanto a México como a Estados Unidos y a la Cuba. Entre las peticiones a México figuran exigir acuerdos públicos y transparentes que garanticen el debido proceso, asegurar acceso a salud y refugio, y crear protocolos de protección para personas mayores y con enfermedades graves. A Estados Unidos se le solicita detener las removals a México en ausencia de garantías claras de protección y caminos a estatus duradero. Finalmente, HRW insta a Cuba a respetar el derecho de sus nacionales a la nacionalidad y al retorno, conforme a estándares internacionales.
Un llamado a la acción
El informe cierra con un llamado urgente a resolver el limbo legal en que quedan miles de personas. HRW pide aumentar recursos para la atención y acelerar procesos administrativos, además de priorizar la salud y seguridad de quienes fueron trasladados. Los relatos de personas como Harold, Miguel Ángel y otros entrevistados actúan como evidencia de las consecuencias humanas detrás de cifras y acuerdos, y subrayan la necesidad de cambios inmediatos en la política migratoria y en las respuestas de protección humanitaria en las zonas receptoras.
