En un anuncio realizado desde La Moneda, el subsecretario del Interior, Máximo Pavezreveló que el gobierno está llevando a cabo una revisión exhaustiva de las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social de octubre de 2019. Esta medida se produce en el contexto de la detención de Benjamín Huerta Escobarquien fue beneficiario de una de estas pensiones hasta enero de 2026.
La decisión de revisar estos beneficios surge como una respuesta directa a la detención de Huerta Escobar en Ovalle por tráfico de fentanilo. Pavez aclaró que la pensión de gracia otorgada por el gobierno anterior fue revocada en enero de 2026, por lo que Huerta Escobar ya no es beneficiario.
Revisión completa de las pensiones de gracia
El subsecretario del Interior enfatizó que el gobierno del presidente José Antonio Kast está trabajando en una revisión completa de todas las pensiones de gracia otorgadas en el contexto del estallido social. «Por instrucción del ministro del Interior estamos llevando una revisión de todos los casos», declaró Pavez.
Esta revisión se enmarca en una responsabilidad mínima con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente de la República. Pavez aseguró que esta es una acción que el gobierno ha realizado «desde el día uno» y que cualquier novedad será comunicada de manera concreta.
Detención de Benjamín Huerta Escobar
La detención de Benjamín Huerta Escobar en Ovalle por tráfico de fentanilo ha puesto bajo la lupa las pensiones de gracia otorgadas tras el estallido social. Huerta Escobar fue uno de los beneficiarios de estas pensiones hasta que su beneficio fue revocado en enero de 2026.
El subsecretario Pavez detalló que «esa pensión que fue otorgada por el gobierno anterior, fue revocada en enero del año 2026, por lo tanto, ya no es beneficiario de pensiones de gracia». Esta medida refleja la determinación del gobierno para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada.
Impacto y futuras acciones
La revisión de las pensiones de gracia no solo afecta a Huerta Escobar, sino que también implica un análisis exhaustivo de todos los casos similares. El gobierno busca garantizar que los beneficiarios cumplan con los criterios establecidos para recibir estos beneficios.
«Esto es algo que nosotros hacemos desde el día uno, y cuando hayan novedades las vamos a comunicar concretamente», afirmó Pavez. Esta declaración subraya el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.
Mientras tanto, la comunidad observa con atención las futuras acciones del Ministerio del Interior, especialmente en lo que respecta a la revisión de otros casos y la posible revocación de más pensiones de gracia. La detención de Huerta Escobar ha servido como un catalizador para esta revisión, destacando la importancia de un monitoreo constante de los beneficiarios de estos programas.
