La Fiscalía General de la República anunció que solicitará formalmente al Departamento de Justicia de Estados Unidos el aporte de pruebas, documentos y demás elementos que sustentan la acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otras nueve personas. En conferencia realizada el 1 de mayo, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, explicó que el pedido busca ampliar información antes de que la FGR adopte cualquier acción jurisdiccional en México. El planteamiento enfatiza la necesidad de conocer la documentación completa para evaluar la existencia de motivos que justifiquen medidas jurídicas.
Qué solicita la FGR a Estados Unidos
La petición oficial contempla el envío de distintos tipos de documentos y registros que, según la Fiscalía, son necesarios para valorar la acusación en el marco del tratado bilateral de extradición. Entre lo requerido están evidencia documental, declaraciones de testigos, registros financieros, datos de inteligencia e investigación y la justificación jurídica que fundamenta la eventual solicitud de extradición. El objetivo, señaló Jiménez Vázquez, es aplicar criterios técnicos y legales antes de adoptar medidas cautelares.
Documentos y criterios legales
El análisis se hará a través del área de Asuntos Internacionales de la FGR, bajo los parámetros del tratado bilateral de extradición. La Fiscalía dejó claro que, hasta ahora, los elementos remitidos no acreditan la urgencia para una detención provisional. En palabras del funcionario: “No hay referencia ni motivo ni fundamento ni evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”. La medida cautelar exige, según la ley, pruebas claras sobre riesgo de fuga o sustracción de la acción de la justicia.
Las acusaciones que presentó Estados Unidos
El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA difundieron una acusación formal que involucra a Rubén Rocha Moya y a otras nueve personas vinculadas a gobiernos y corporaciones de seguridad de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses señalan supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción conocida como Los Chapitos, y atribuyen conductas como tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina. Además, la acusación apunta a protección de integrantes del cártel, filtración de información de seguridad, uso de corporaciones policiacas para resguardar cargamentos y presunta recepción de sobornos.
Autoría y presentación de cargos
El expediente fue presentado por el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en coordinación con la DEA. Aunque los cargos enumeran delitos graves relacionados con el tráfico internacional de drogas y supuesta colusión con organizaciones criminales, la FGR sostiene que la documentación remita no demuestra de forma suficiente una conspiración por parte de Rocha ni justifica medidas inmediatas en México. Por ello la fiscalía exige complementos probatorios y claridad sobre la base jurídica de la solicitud.
Reacciones políticas y próximos pasos
La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó públicamente la solidez de una de las pruebas mostradas por Estados Unidos durante su conferencia del 30 de abril, cuando exhibió una hoja que, según ella, forma parte del expediente extranjero. Sheinbaum advirtió sobre la posible interpretación política del caso si las acusaciones no se acreditan con evidencia contundente, y defendió la soberanía del procedimiento: “Verdad, justicia y defensa de la soberanía”, afirmó. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya negó las imputaciones, descartó renunciar y anunció que responderá jurídicamente cuando corresponda.
Qué puede ocurrir en México
La FGR esperará la entrega oficial de la información solicitada para determinar si abre nuevas investigaciones, fortalece líneas de indagatoria, solicita medidas cautelares o inicia procesos judiciales en territorio mexicano. El intercambio de información estará sujeto a los estándares del tratado bilateral y a la evaluación técnica sobre la suficiencia probatoria. Mientras tanto, el caso tensiona el diálogo bilateral y reaviva debates sobre narcotráfico, corrupción y cooperación judicial entre México y Estados Unidos.
