El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez ha tomado una postura firme ante la reciente controversia surgida por la creación de un mural sin permiso en la avenida Ferrocarril con la calle San Juan. La situación se complica por la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo quienes, según el mandatario, no solo participaron en la actividad, sino que lo hicieron portando prendas y emblemas oficiales.
El incidente, ocurrido el 4 de julio de 2026 ha generado una fuerte reacción por parte de la Alcaldía de Medellín que ha calificado la situación como inaceptable y impresentable. Gutiérrez ha enfatizado que la intervención artística no solo carecía de los permisos necesarios, sino que también violaba abiertamente la Ley 1801 de 2016 y el Acuerdo Distrital 010 de 2026.
La presencia de funcionarios públicos en una actividad ilegal
Uno de los aspectos más criticados por el alcalde es la participación de servidores públicos en una actividad que, según él, no solo carecía de autorización, sino que también respaldaba un mensaje controvertido. Gutiérrez ha cuestionado la actuación de los funcionarios, señalando que es inaceptable que un servidor público, encargado de velar por los derechos humanos y la legalidad, termine actuando en apoyo de una actividad que no cumple con la normativa.
La situación se agravó cuando se descubrió que, al mismo tiempo que se pintaba el mural, se distribuían panfletos alusivos al 50 aniversario de la ‘Carta de Argel’. Según Gutiérrez, tanto el mensaje gráfico como los volantes no representan una expresión artística o cultural, sino una apología a un movimiento que está siendo investigado internacionalmente por la comisión de graves delitos.
Acciones inmediatas y restauración del espacio público
Ante la gravedad de los hechos, la administración distrital, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana procedió a cubrir la zona afectada para recuperar la infraestructura. Gutiérrez ha dejado claro que, aunque su gobierno apoya las expresiones artísticas que aportan a la cultura, estas deben contar con la autorización correspondiente y respetar los límites legales.
«En Medellín cuidamos y protegemos los espacios comunes que pertenecen a todos los ciudadanos. Aquí no hay cabida para la ilegalidad, ni vamos a permitir que se utilicen los muros públicos sin autorización legal», afirmó el alcalde. Además, reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con la Defensoría del Pueblo, instando a la entidad a avanzar con las indagaciones pertinentes para esclarecer la conducta de los funcionarios involucrados.
La importancia de la libertad de expresión dentro del marco legal
Gutiérrez ha subrayado que la libertad de expresión no puede utilizarse para vulnerar derechos fundamentales ni para realizar apología al delito. En su carta dirigida a la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz el alcalde ha solicitado una investigación disciplinaria inmediata contra los funcionarios que acompañaron la pintura del mural.
«La libre expresión de los colectivos ciudadanos no podría en ningún momento llegar a vulnerar derechos fundamentales de otros ciudadanos o hacer apología al odio o grupos actualmente vinculados por comisión de múltiples delitos», concluyó Gutiérrez. Con esta acción, el alcalde busca garantizar que los espacios públicos se utilicen de manera legal y respetuosa, protegiendo así los derechos de todos los ciudadanos.
