El pasado 9 de junio, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) llevó a cabo un operativo en las zonas mineras de Las Brisas y Las Claritasen el municipio Sifontes del estado Bolívar. Este movimiento, realizado con helicópteros armados, tiene como objetivo enfrentar a líderes de la minería ilegal armadapero ha generado un debate sobre las verdaderas intenciones detrás de esta acción.
La promulgación de la Ley Orgánica de Minas por parte de Delcy Rodríguez el 17 de abril de este año, abrió el sector al capital privado, tanto nacional como extranjero. Sin embargo, la derogación de la ley decretada por el gobierno de Hugo Chávez en 2008, ha dejado una gran interrogante: ¿Qué pasará con el Arco Minero del Orinococreado por Nicolás Maduro en 2016, y cómo se manejará el desastre económico, ambiental y social que ha imperado en la zona durante años?
El contexto del operativo
El exdiputado Américo De Grazia y el exgobernador Andrés Velásquez expresan escepticismo sobre la capacidad del Estado venezolano para retomar el control en una zona que, según ellos, ha devenido en otro «Estado» dentro del territorio. Afirman que quienes gobiernan, incluida la Fanb, conforman la misma estructura que originó el problema, a pesar de la petición de EEUU de resguardar las inversiones extranjeras.
El politólogo y analista militar Ricardo Sucre considera que la Fanb no está en capacidad de garantizar el control del Arco Minero, pero tampoco espera presencia militar estadounidense en la zona, más allá de una coordinación para tomar ciertas medidas en el contexto del tutelaje. Sin embargo, advierte que la soberanía y el papel de la institución castrense quedan nuevamente lesionados.
El requerimiento de Washington
En 2008, Hugo Chávez nacionalizó la mina de oro más grande del país, Las Cristinasdonde la empresa canadiense Crystallex operaba desde 2002. Esta expulsión, según De Grazia y Velásquez, abrió la puerta a una progresiva ocupación ilegal de la zona minera, en una mezcla entre el gobierno, la Fanb, guerrilla colombiana y otros grupos armados irregulares que comenzaron a disputarse el control de las minas y de sus riquezas.
De Grazia describe la situación como una «ocupación inducida por Chávez por razones estratégicas, territoriales», que pasó a ser un espacio santuario de grupos irregulares para financiarse a través de la minería ilegal y sostenerse entre ellos y a grupos leales al régimen durante estos 27 años. «Se han entregado patentes de corso al ELN, disidentes de las Farc y han participado además los grupos Hezbolá y Hamas, además de crimen organizado dirigidos por pranes y otros conocidos como tren», explicó.
¿Un espectáculo para complacer?
De Grazia no tiene duda de que el operativo de la Fanb es un requerimiento del gobierno de EEUU como resultado de la aprobación de la nueva Ley de Minas y la presencia de inversores en la zona. Sin embargo, advierte que no es la solución para la economía del país, la región, la minería legal y el ambiente. «Eso es más un espectáculo, un show para complacer peticiones que para resolver el problema de forma y de fondo. Estamos ante un hecho terrible que no va a resolver el holocausto ambiental ni los ingresos para el país», dijo.
La ONG SOS Orinocoque hace un monitoreo del Arco Minero desde 2018, ha señalado inspecciones de las autoridades en plantas de procesamiento minero en El Callao y movimientos preventivos en El Dorado, pero niega que haya despliegues terrestres masivos en las zonas afectadas por el operativo.
Inestabilidad y falta de legitimidad
Reportes locales indican que el bombardeo sobre puntos estratégicos observados el martes por parte de helicópteros militares Cougar, no ha continuado, pero sí los patrullajes. Algunos habitantes, de acuerdo con Velásquez, describieron como «tensa la situación» en Las Claritas, KM 88, este 10 de junio, con vías trancadas hacia El Dorado y Santa Elena de Uairén, por lo que el transporte no está circulando.
Velásquez sostiene que esta situación deja al descubierto la inestabilidad de cualquier tipo de negocio que pueda hacer Delcy Rodríguez en esta condición de interina. «Hay una sombra de ilegalidad con relación a todo lo que en materia de inversión se pueda estar haciendo en Venezuela, porque para empezar, quien suscribe a nombre del país no tiene legitimidad al no ser un gobierno electo por el pueblo», sostuvo.
El dirigente de La Causa R señaló que estos acuerdos para inversiones solo se dan por reconocimiento de los EEUU, pero no es el interinato el que garantiza seguridad jurídica. Esto, recordó, ya ha sido señalado por trasnacionales petroleras que muestran reservas sobre volver a Venezuela en el actual contexto.
El desastre del Arco Minero
Velásquez advierte que el gobierno de Maduro creó el Arco Minero sobre la base de la improvisación, sin aprobación de la Asamblea Nacional, y ninguna concesión cumplió con los requerimientos desde el punto de vista ambiental. «Es un Estado dentro del Estado, donde priva una asociación entre militares, pranes dedicados a la minería, el ELN, allí no se aplica ninguna ley sino las reglas que impone el hamponato minero», advirtió.
El exgobernador de Bolívar se pregunta cómo el actual régimen acabará con el «desastre» del Arco Minero si son los promotores de la situación. Las soluciones parten, recalcó, de un cambio en todas las estructuras de gobierno. De lo contrario, solo espera que este tipo de operativos militares se repitan de manera esporádica y para resolver situaciones particulares.
Despejar el terreno
Para Ricardo Sucre, el despliegue de la Fanb en el Arco Minero es «consecuencia directa» del interés de EEUU en el sector minero. El objetivo, apuntó, es «cuantificar» lo que allí existe para dar paso a las trasnacionales que van a operar en la zona. La evaluación por parte de los inversionistas que habría comenzado este 9 de junio, apuntó, y la complejidad del territorio, requería que estuviera lo más «despejado» posible.
Sucre subrayó que EEUU necesita una zona ordenada y correctamente administrada como ocurre con las zonas petroleras, por lo que supone que hay una estrategia mayor detrás del operativo militar. «Un operativo militar no será suficiente, se requiere de una estrategia mayor, de personal, equipos de lucha para tener el control. El primer paso era sacar a los que estaban en esa zona en particular y ordenar de alguna manera el negocio. El desalojo permite una cuantificación inicial, cuántos son, quiénes son, es el primer paso pero no es suficiente», expresó.
Sucre también descarta la presencia militar estadounidense en la zona, afirmando que la seguridad externa es controlada por EEUU, pero el orden interno corre por cuenta de la Fanb. «No creo que EEUU vaya a poner tropas en ese sector, eso le corresponde desde el punto de vista real y legal a Venezuela. El control debería ser establecido por la Fanb pero para eso tiene que haber una autoridad dispuesta, de verdad al orden», insistió Velásquez.
