La votación presidencial en Colombia llega en medio de un contexto de creciente violencia y debate político profundo. Tras cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, inhabilitado para la reelección, el electorado debe decidir si continúa un proyecto de transformación social o si opta por una agenda de seguridad más contundente. Encuestas recientes muestran a Iván Cepeda como favorito, pero para ganar en primera vuelta necesita más del 50% de los sufragios. Si ningún candidato alcanza esa mayoría, las proyecciones apuntan a un balotaje el June 21, escenario que concentrará aún más la atención nacional y regional.
El mandato saliente deja resultados mixtos: descenso del desempleo y aumentos salariales, mientras que la violencia —bombas, drones explosivos y asesinatos políticos— ha escalado, generando desplazamientos y un incremento notable de secuestros. El país sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, y gran parte del conflicto actual está ligado al narcotráfico. En ese marco, los candidatos proponen soluciones muy distintas: desde la profundización de programas sociales y la continuidad de diálogos de total paz, hasta opciones que priorizan la represión y alianzas militares internacionales para combatir a los grupos armados.
Los candidatos en disputa
La carrera presidencial enfrenta perfiles heterogéneos: por un lado, la propuesta de la izquierda que busca consolidar las políticas sociales; por otro, opciones de corte conservador y de derecha dura que priorizan seguridad y mano fuerte. Iván Cepeda, 63 años, aparece como el continuador del proyecto de Petro y apuesta por ampliar programas sociales y mantener negociaciones con grupos armados. En la vereda opuesta, Abelardo de la Espriella, empresario y abogado millonario, defiende respuestas militares y una alianza estratégica con potencias extranjeras. Una tercera candidatura fuerte es la de Paloma Valencia, respaldada por figuras tradicionales de la derecha, que propone retomar medidas de militarización y rechaza el acuerdo de 2016 con las FARC.
Iván Cepeda: continuidad y memoria
Iván Cepeda ha construido su imagen sobre la defensa de víctimas del conflicto y la búsqueda de justicia por el asesinato de su padre, un senador asesinado por paramilitares. Figura asociada al proceso de paz de 2016, Cepeda promueve la ampliación de redes de protección social y la persistencia en la mesa de diálogo con actores armados, pese a resultados limitados hasta ahora. Sus seguidores destacan la recuperación de empleo y mejores salarios durante la administración de Gustavo Petro, y lo ven como el candidato capaz de institucionalizar cambios en educación y bienestar. Cepeda suele vestir con prendas tradicionales y evita símbolos del poder económico, elemento que refuerza su perfil de izquierda popular.
Abelardo de la Espriella: mano dura y espectáculo
Abelardo de la Espriella, apodado «el Tigre», trae un discurso centrado en seguridad y orden público. Sin experiencia política previa, este abogado millonario combina una imagen mediática con propuestas que incluyen la construcción de megacárceles, alianzas militares con Estados Unidos e Israel y la posibilidad de fumigaciones y ataques aéreos en campañas de 90 días contra productores de cocaína. Su estilo combativo, el uso de chalecos antibalas en actos públicos y declaraciones provocadoras lo diferencian de los demás. Sus propuestas han sido comparadas por algunos votantes con modelos de seguridad regionales que prometen resultados rápidos, aunque también generan críticas por su tono y por posibIes violaciones de derechos.
Paloma Valencia: la voz conservadora
Paloma Valencia representa la continuidad de las tradiciones conservadoras en Colombia y cuenta con el apoyo de líderes históricos de la derecha. Filósofa y abogada, Valencia se presenta como la alternativa para revertir las políticas de total paz y reinstaurar una agenda de orden público inspirada en figuras del pasado reciente. Defensora de la explotación de recursos como el fracking y crítica del acuerdo de paz con las FARC, su discurso atrae a electores que priorizan la seguridad y el crecimiento económico mediante inversiones extractivas. Además, su postura contra ciertas ampliaciones de derechos civiles la coloca en un espacio claramente conservador dentro del mapa electoral.
Desafíos estructurales y lo que está en juego
Quien resulte electo heredará problemas complejos: un déficit fiscal elevado cercano al 7% del PIB, un tejido social tensionado por desplazamientos y asesinatos políticos —incluido el asesinato del candidato de la derecha Miguel Uribe el año pasado— y una economía que requiere aumento en la recaudación para sostener el gasto social. La política de diálogo con grupos armados ha sido criticada por no desmovilizar efectivamente a actores que se fortalecieron tras el acuerdo de paz de 2016. Además, tensiones internacionales surgieron durante la gestión de Petro, con una disputa pública con el presidente estadounidense Donald Trump que afectó la cooperación en seguridad.
En suma, la elección no solo decidirá si continúa la agenda de reformas sociales o si se impone una estrategia de seguridad más agresiva; también definirá la dirección económica y las alianzas internacionales del país. El electorado enfrenta una elección de alto riesgo y alto impacto: mantener un proceso de cambios sociales con desafíos en seguridad, o apostar por medidas de mano dura que prometen orden a costa de tensiones internas y externas. El resultado marcará el rumbo de Colombia en los próximos años.
