En un movimiento que ha captado la atención de toda Colombia, Iván Cepeda Castro candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida ha decidido impugnar 33 mil mesas de votación. Este paso se produce en medio de un clima de tensión y sospecha, luego de que un preconteo no oficial lo situara con un 48.7 por ciento de los votos, casi un punto por debajo de su principal contendiente, Alberto de la Espriella quien obtuvo un 49.66 por ciento.
Cepeda ha sido claro en señalar que este preconteo es «un dato no oficial ni vinculante«, y que su postura definitiva respecto a la segunda vuelta celebrada ayer dependerá del resultado final del escrutinio. «No fijaré mi postura sino hasta que se produzca el resultado final del escrutinio y se hayan hecho las verificaciones correspondientes», declaró. Para ello, se ha convocado a un grupo de testigos y a decenas de miles de abogadas y abogados para garantizar la transparencia del proceso.
Irregularidades y presiones externas
Más allá de los números, las elecciones han estado marcadas por una serie de irregularidades y presiones tanto internas como externas. En el ámbito internacional, las maniobras de Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio para influir en los comicios a favor de De la Espriella han sido señaladas como un factor de distorsión en el proceso democrático.
Internamente, las denuncias incluyen extorsiones empresariales, presiones de iglesias evangélicas y la influencia de grupos armados ligados a la gran propiedad rural. Estas prácticas, aunque difíciles de detectar en el escrutinio, tienen un impacto significativo en la voluntad popular.
El papel controvertido del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil han sido objeto de críticas por su presunta parcialidad y falta de transparencia. Un caso emblemático es el de la firma Thomas Greg & Sons cuya participación en el proceso electoral ha sido cuestionada desde 2018. Tras comprobarse alteraciones, exclusión de votos y sabotajes en las elecciones de 2014, el Consejo de Estado ordenó la adquisición de un software propio para garantizar la trazabilidad completa del proceso. Sin embargo, hasta la fecha, ambas instancias se mantienen en desacato, insistiendo en entregar la logística, el preconteo y el primer escrutinio a esta firma privada.
Además, el CNE y la Registraduría se niegan a hacer público el código fuente del software de consolidación, adquirido a la multinacional Indra argumentando riesgos de seguridad y hackeo. Esta opacidad ha generado desconfianza y ha puesto en entredicho la integridad del proceso electoral.
La importancia de la transparencia y la verificabilidad
La falta de transparencia en el proceso electoral no solo afecta la credibilidad de las instituciones, sino también la confianza de los ciudadanos en la democracia. El CNE y la Registraduría, con el apoyo de los medios de comunicación y el empresariado, insisten en que cuestionar los Resultados electorales significa desacreditar a los ciudadanos que fungen de funcionarios de casilla. Sin embargo, esta postura puede encubrir irregularidades, conflictos de intereses y la parcialidad de burocracias que entregan un poder sin contrapesos a intermediarios tecnológicos privados.
Para garantizar la integridad del proceso, es fundamental que se complete el escrutinio rutinario y se den curso a las posibles impugnaciones legales. Solo entonces podrá anunciarse el veredicto de la voluntad popular. Por el bien de Colombia y la credibilidad de sus instituciones, es imperativo que la elección se limpie y se asegure la verificabilidad de cada uno de los sufragios emitidos.
