En una presentación dirigida a desarrolladores e inmobiliarios, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, expuso las líneas centrales de una nueva iniciativa destinada a modificar las reglas del mercado. El encuentro, organizado por Reporte Inmobiliario bajo el título «Real estate 2026: expectativas y realidad», se realizó en el Auditorio Juan Pablo II de la Universidad Católica Argentina en Puerto Madero y sirvió de plataforma para que el funcionario adelantara que en junio enviarán al Congreso un paquete de normas orientadas a la desregulación inmobiliaria.
Durante su intervención el ministro criticó prácticas vigentes en ciertos organismos del sector y sostuvo que cuando una entidad impone condiciones se distorsiona la competencia. Para ejemplificar, señaló como inadmisible que un colegio profesional fije un piso de honorarios y lo calificó como una «aberración social». En su relato recurrió a conceptos técnicos y propuestas concretas, en las que mezcló datos de mercado con ideas para cambiar marcos regulatorios y tributarios.
Qué propone el plan de desregulación
El paquete que adelantó Sturzenegger apunta a suprimir o reformar normas que, según el Ejecutivo, generan privilegios creados por ley. Entre las medidas mencionadas figuran la eliminación de la obligatoriedad de matriculación para ciertas actividades, la supresión de honorarios mínimos fijados por colegios y la eliminación de trabas que dificultan la entrada de nuevos operadores. El objetivo oficial es incentivar un mercado «más libre, dinámico y competitivo» donde los servicios se evalúen por su calidad y no por precios impuestos legalmente.
El ministro fue firme en su diagnóstico: cuando la regulación define quién puede ofrecer un servicio o a qué precio se traslada renta desde la población hacia grupos específicos. Con ese argumento, la administración busca reducir lo que denomina costos de intermediación innecesarios y abrir espacio a la innovación, con alternativas de certificación voluntaria y mayor movilidad profesional entre jurisdicciones.
Impacto sobre alquileres, crédito y construcción
Sturzenegger defendió además la eliminación previa de la ley de alquileres mediante el DNU 70/2026 y afirmó que la retirada de límites contractuales permitió un regreso de la oferta al mercado. Según el ministro, la flexibilización contractual habilitó plazos distintos, modalidades híbridas y condiciones negociadas entre partes, lo que habría potenciado la oferta disponible y moderado precios.
Alquileres: datos y efectos
En cifras citadas por el funcionario, la oferta de propiedades en alquiler creció un 300% tras la desregulación y los precios reales registraron una caída cercana al 30%. Ese movimiento, explicó, responde a la posibilidad de pactar plazos más cortos y cláusulas adaptadas a cada operación, incluso contratos temporarios o vinculados a una futura venta del inmueble. Para el Gobierno, esos cambios restauran dinamismo y mejoran la accesibilidad.
Crédito hipotecario: proyecciones
Otro pilar del discurso fue la expectativa de una expansión del crédito hipotecario en la próxima década. Sturzenegger recordó que la banca opera con depósitos que representan entre el 12% y el 15% del PBI, muy por debajo de países comparables, y que en el sistema hay más de US$200.000 millones fuera del circuito financiero. Si una porción de esos recursos vuelve al sistema, dijo, aumentaría la oferta de fondeo de largo plazo y podría multiplicarse por diez el actual stock de hipotecas, que hoy ronda los US$5.000 millones, con esquemas indexados como UVA asumiendo un rol relevante y un punto de partida de tasas que estimó en UVA + 8%.
En paralelo, el proyecto también busca bajar el costo de construcción. El ministro vinculó los precios elevados a limitaciones en la competencia de insumos, regulaciones que encarecen procesos y la presión impositiva. La combinación de apertura comercial y normalización macroeconómica, sostuvo, podría generar una reducción en los costos y habilitar proyectos en zonas hasta ahora menos desarrolladas, como ya ocurre en áreas con actividad petrolera o minera.
Reacciones y próximos pasos
Las críticas y adhesiones no se hicieron esperar. Representantes de colegios inmobiliarios alertaron sobre riesgos para la seguridad jurídica y destacaron que la formación profesional y la fiscalización son herramientas para proteger a las partes en operaciones de alto impacto patrimonial. En sentido contrario, actores del mundo proptech y desarrolladores celebraron la posibilidad de menos trabas y más innovación. Según lo anunciado por el ministro, el envío formal de iniciativas al Congreso está previsto para junio, y el debate público y legislativo determinará la forma final de reformas que, de aplicarse, implicarán cambios sustanciales en la intermediación, el financiamiento y la construcción.
