En los últimos días ha crecido la preocupación por la calidad y la transparencia de algunas encuestas electorales difundidas en Colombia, especialmente las realizadas por la firma AtlasIntel. La Red de Veedurías de Colombia presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) una solicitud para que se suspenda de forma temporal el registro de esa encuestadora, mientras se realizan revisiones técnicas y jurídicas sobre sus mediciones. El reclamo se apoya en alertas sobre la posible presentación de sondeos no probabilísticos como si fuesen encuestas electorales tradicionales, lo que podría vulnerar las reglas establecidas por la Ley 2494 de 2026.
Quien radicó la petición ante el CNE fue el veedor ciudadano Pablo Bustos, en nombre de la Red, y en los documentos se señalan inconsistencias relacionadas con las muestras, los mecanismos de recolección y la representación estadística de los resultados. Según el escrito, la comisión técnica que revisa el cumplimiento normativo ya advirtió irregularidades en varios expedientes vinculados a la encuestadora. Cabe recordar que estos hechos comenzaron a cobrar mayor atención pública tras reportes publicados el 11/05/2026 y que la discusión ha centralizado el debate sobre cómo se regula la difusión de información durante procesos electorales.
Fundamentos de la queja y aspectos técnicos
La denuncia de la Red de Veedurías sostiene que algunos estudios difundidos por AtlasIntel fueron presentados como encuestas cuando en realidad corresponderían a sondeos no probabilísticos, es decir, mediciones que no garantizan una selección aleatoria y representativa de la población. Ese tipo de procedimientos exige claridad metodológica para evitar confusiones en la ciudadanía; sin embargo, la queja apunta a deficiencias en la descripción de muestras, falta de transparencia en las herramientas de recolección de datos y problemas en la forma de presentar los márgenes de error y la representación estadística.
Inconsistencias en muestras y recolección
Entre los puntos técnicos señalados por la comisión del CNE y la Red de Veedurías figuran la ausencia de información sobre el marco muestral, tamaños de muestra insuficientes para inferencias fiables y procedimientos de campo que no quedarían debidamente documentados. Estas fallas, para los denunciantes, implican un riesgo porque pueden dar una lectura equivocada sobre la intención de voto y la percepción de la ciudadanía respecto a la viabilidad de candidaturas. La petición solicita la aplicación de medidas cautelares mientras se determinan responsabilidades y se verifica el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la normativa.
Impacto potencial en el debate público
La Red de Veedurías advierte que la difusión de mediciones con problemas metodológicos puede alterar el entorno informativo y generar efectos como la polarización de la opinión o el fenómeno conocido como voto útil. En su escrito se menciona explícitamente que ciertas publicaciones podrían terminar beneficiando campañas específicas, entre ellas la del abogado Abelardo de la Espriella, aunque no se atribuye de forma concluyente una responsabilidad directa por manipulación deliberada. El argumento central es que números mal presentados o mal fundamentados pueden influir en la percepción de la ciudadanía y, por ende, en la conducta electoral.
Riesgos para la transparencia
La queja subraya que la transparencia del proceso democrático exige que las encuestas electorales cumplan criterios técnicos claros y que cualquier difusión pública esté respaldada por documentación accesible. La Red de Veedurías pide además que se fortalezcan los controles sobre todas las firmas que realizan mediciones, no solo sobre la enjuiciada AtlasIntel, para prevenir la circulación de cifras que puedan distorsionar el debate y afectar la libertad del elector.
Respuesta institucional y próximos pasos
Hasta ahora ni AtlasIntel ni el Consejo Nacional Electoral han emitido una declaración pública formal sobre la solicitud de suspensión. La Red solicitó que se suspenda la difusión de nuevas mediciones de la encuestadora hasta que se verifique el cumplimiento estricto de la Ley 2494 de 2026 y de los lineamientos técnicos. La comisión técnica del CNE, según fuentes citadas por los denunciantes, habría recomendado la suspensión del registro como medida preventiva mientras se adelantan las investigaciones administrativas y técnicas.
El proceso seguirá su curso entre informes técnicos, posibilidades de recursos por parte de la firma y eventuales decisiones del CNE. Lo solicitado por la Red de Veedurías pretende, en última instancia, proteger la integridad del debate electoral y garantizar que la ciudadanía reciba información verificable y metodológicamente sustentada, evitando que cifras poco fiables condicionen el desarrollo de la contienda política.
