El domingo pasado miles de residentes de la zona conurbada de Guadalajara se concentraron en las calles para denunciar el agua contaminada que llega a sus hogares. La manifestación, que incluyó a vecinos, organizaciones civiles y a la prensa, terminó con decenas de detenciones y varios heridos, entre policías y periodistas.

Según los registros de la Fiscalía de Jalisco de los 39 individuos arrestados durante el operativo, 32 fueron puestos en libertad el lunes, quedando siete bajo investigación. De estos, seis enfrentan el cargo de lesiones dolosas contra funcionarios de seguridad pública, mientras que a uno se le imputa desobediencia o resistencia a particulares. Entre los detenidos se encuentra también un repartidor de comida por plataforma que, según la autoridad, no participó en la protesta.

Traslado a Puente Grande y situación judicial

Este martes la Fiscalía comunicó que los siete restantes fueron enviados al complejo carcelario de Puente Grande. Sin embargo, puntualizó que el traslado no implica una sentencia definitiva; los detenidos fueron puestos «a disposición de un juzgado para la realización de las audiencias correspondientes» y permanecerán en el área de juzgados del penal, no en celdas de prisión.

En el segundo comunicado, la Fiscalía explicó que el juzgado de control definirá en las próximas horas la situación jurídica de cada individuo, incluyendo la posibilidad de que continúen su proceso en libertad bajo medidas cautelares. La autoridad subrayó que el hecho de estar en Puente Grande «no significa que hayan sido sentenciados».

Reacciones de la sociedad civil y del poder público

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) que brinda defensa legal a los detenidos, demandó a la Fiscalía el respeto al debido proceso y a la garantía de una defensa adecuada. En un comunicado, la organización solicitó la liberación inmediata de los cargos y realizó un llamado al Poder Judicial para que no participe en actos de injusticia ni en la supuesta criminalización de la protesta.

Desde el domingo, CEPAD y otras organizaciones de derechos humanos documentaron la detención arbitraria de 49 personas, una cifra distinta a los 39 que la Fiscalía anunció. Los colectivos y familiares aseguran que ninguno de los trasladados a Puente Grande cometió los delitos que se les imputan y respaldan sus denuncias con videos que muestran la violencia en el proceso de arresto.

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum manifestó este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) podría abrir una investigación sobre la actuación de la policía jalisciense en caso de que los afectados presenten una denuncia formal. Su comentario refuerza la presión para que se revisen los procedimientos policiales y se garantice el derecho a manifestarse pacíficamente.

Próximas movilizaciones y contexto político

Ante la escalada de tensiones, se prevé que al menos cuatro protestas se realicen este martes en distintos puntos de Guadalajara. Estudiantes y ciudadanos convocan a la población para exigir la liberación de los detenidos y el respeto al derecho a manifestarse sin temor a represalias.

El caso pone de relieve una serie de cuestionamientos sobre la gestión del suministro de agua en Jalisco y la respuesta del gobierno estatal a la ciudadanía. Mientras la Fiscalía evalúa la situación de los siete detenidos, la presión de organizaciones sociales y la posible intervención de la FGR marcan el escenario de un conflicto que aún está lejos de resolverse.