Desde principios de febrero, los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara –que aglutina a Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá– denuncian que el suministro de agua limpia llega turbio, con sedimentos, olor fétido y trazas de coliformes, aluminio y plomo. El agua contaminada les impide bañarse, lavar ropa o cocinar, obligándolos a comprar agua embotellada. Según el SIAPA, la calidad del recurso se deterioró de forma abrupta a partir de diciembre de 2025, y la escasez se ha agravado por el cierre del cauce de la presa Las Pintas lo que reduce el caudal urbano en un 30 %.
El descontento se manifestó en varias acciones previas: el 5 de octubre, residentes bloquearon la Línea 1 del tren en El Sauz durante cuatro horas, portando botellas de agua turbia como prueba; el mismo día, se reportó que la gente recibía agua con coloración café o negra, lo que les obligó a destinar parte de su presupuesto a compra de agua embotellada. Las autoridades municipales respondieron anunciando un esquema de tandeo de seis meses, pero la percepción ciudadana sigue siendo de abandono.
La megamarcha del 11 de octubre y la respuesta de las fuerzas estatales
El domingo 11 de octubre, decenas de miles de guadalajarenses se congregaron desde la glorieta de La Minerva hasta la residencia oficial del gobernador, Casa Jalisco. Los consignas principales fueron “Queremos agua limpia” y “Fuera Lemus”. La marcha incluyó familias con niños, personas con discapacidad y grupos de jóvenes organizados a través de plataformas digitales. La concentración alcanzó su punto álgido cuando un pequeño contingente lanzó objetos contra los vehículos antidisturbios, provocando que la policía estatal empleara chorros de aguagases lacrimógenos y al menos cuatro dispositivos de dispersión para despejar el entorno.
El enfrentamiento dejó un saldo de 59 lesionados, entre los que se contabilizan 28 policías, dos con heridas graves, y 31 civiles que requirieron atención médica. Asimismo, 39 manifestantes fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía del Estado. Los testigos describieron quemaduras en la piel y episodios de vómito atribuidos al contacto con los gases y el agua a presión. Los manifestantes derribaron las vallas perimetrales en varias oportunidades, logrando reaparecer en el recinto en al menos cuatro ocasiones antes de que las autoridades restablecieran el control.
Reacciones de autoridades y panorama político
Previo al desfile, el gobernador Pablo Lemus Navarro aseguró que los ciudadanos tenían “todo el derecho de expresarse” y que había ordenado que la marcha transcurriera de forma pacífica y segura. Tras los hechos, Lemus reconoció la gravedad de la crisis, señaló que el cierre de la presa Las Pintas había permitido una mejoría en la calidad del agua, aunque admitió que la reducción del caudal equivale a un 30 % menos de suministro para la ciudad. El gobierno estatal anunció la creación de un nuevo esquema de tandeo por seis meses y la espera de la autorización del Congreso local para construir un acueducto sustitutivo del Chapala-Guadalajara, proyecto ya validado técnicamente por Conagua.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum condenó la represión, calificándola de “violencia injustificada” y reiteró la necesidad de abrir un canal de diálogo. Sheinbaum puso en duda la propuesta de financiamiento estatal, advirtiendo que podría derivar en la privatización del servicio hídrico. Además, manifestó la disposición del gobierno federal para colaborar con Jalisco y citó la falta de cumplimiento del compromiso anterior de construir un ducto complementario a la presa El Zapotillo.
El mismo fin de semana, el huracán Simón, categoría 4, amenazó la costa del Pacífico, y la presidenta Sheinbaum ordenó la suspensión de actividades no esenciales en Jalisco y tres estados colindantes. Aunque la tormenta no afectó directamente a la capital, las autoridades locales recordaron que la lluvia prevista para la Romería de la Virgen de Zapopan coincidió con la jornada de protestas, generando una combinación de factores de tensión social y climática.
