En un descubrimiento escalofriante, las autoridades ecuatorianas hallaron este domingo ocho cuerpos desmembrados en dos fosas comunes dentro de una mina ilegal de oro en el sur del país. El macabro hallazgo tuvo lugar en el municipio de Pucará en la provincia andina de Azuay una de las zonas afectadas por el estado de excepción declarado por el gobierno de Daniel Noboa debido al aumento de la violencia.

Los restos humanos, enterrados a aproximadamente dos metros de profundidad, presentaban lesiones graves como desmembramiento y decapitación, aparentemente causadas por un machete. El coronel Pablo Inga jefe de la Policía Judicial de la zona, informó que las manos de las víctimas estaban atadas. Las primeras investigaciones sugieren que los cuerpos habían estado enterrados durante unos dos días.

Operación policial en una zona de difícil acceso

El caso comenzó a conocerse el sábado, cuando familiares de personas desaparecidas denunciaron la pérdida de contacto con sus seres queridos. Las víctimas presuntamente trabajaban en una mina cercana al caserío Huasipamba-Mirador en el sector El Carbón. Las comunicaciones se habían interrumpido desde el miércoles, lo que alertó a las autoridades.

Un operativo conjunto de policíasmilitares y unidades especializadas se desplegó en la zona, un trayecto que puede tomar alrededor de dos horas debido a las dificultades de acceso. La operación requirió la participación de unas 120 personas. Durante el recorrido, las autoridades encontraron dos vehículos quemados en las inmediaciones de la mina, lo que sugirió un posible enfrentamiento previo.

Contexto de violencia y minería ilegal

La provincia de Azuay ha visto un aumento en las explotaciones mineras ilegales de oro y cobre en los últimos años. La zona está mayoritariamente bajo la influencia de Los Lobos una de las organizaciones criminales que operan en Ecuador. El episodio se produce en medio de una escalada de violencia vinculada a la disputa entre bandas por el control de rutas internacionales del tráfico de cocaína y yacimientos mineros ilegales.

El gobierno de Daniel Noboa ha implementado estados de excepción en diez provincias, incluyendo Azuay, desde junio de 2026. Estas medidas permiten el despliegue de militares en las calles para combatir el crimen organizado. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado presuntos excesos cometidos por las fuerzas de seguridad.

Pese a las medidas adoptadas, los enfrentamientos armados no han cesado. Ecuador registró en 2026 una tasa de 51 homicidios cada 100.000 habitantes una de las más altas de la región. La explotación donde se encontraron los cuerpos no contaba con permisos de funcionamiento, lo que subraya el desafío persistente que representan las minas clandestinas para las fuerzas de orden.

Investigación en curso

Los restos fueron trasladados al centro forense de Cuenca donde se realizarán las autopsias y las tareas necesarias para identificarlos. La investigación deberá determinar las identidades de las víctimas, establecer las causas de las muertes y reconstruir los eventos ocurridos en la zona minera antes del hallazgo. Las autoridades buscan esclarecer si este crimen está vinculado a la creciente violencia en la región.

El descubrimiento en Pucará refleja la gravedad de la situación en Ecuador, donde la violencia y la minería ilegal continúan siendo un desafío significativo para las autoridades. La comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de la seguridad en el país, mientras las fuerzas de orden intentan frenar la impunidad de las organizaciones delictivas.