En un caso que ha generado indignación y preocupación, el homicidio del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el pasado 7 de julio en Houston ha puesto bajo la lupa las prácticas de esta agencia federal. Las autoridades locales del condado de Harris han denunciado la negativa del FBI a compartir información crucial para el esclarecimiento del caso, a pesar de que la ley les otorga ese derecho.
Este incidente no es aislado, sino parte de un patrón de conducta que ha levantado serias dudas sobre la transparencia y el respeto a los derechos humanos por parte de las agencias federales estadounidenses. La situación se agrava con la demora en la entrega del cuerpo a los familiares, los intentos de deportar a los testigos y las declaraciones contradictorias de las autoridades.
Las contradicciones en la versión oficial
El ICE ha sostenido que el agente que disparó contra Salgado Araujo lo hizo «en defensa propia» alegando que la víctima intentó atropellarlo. Sin embargo, testigos presenciales y videos recientes desmienten esta versión, mostrando que Salgado Araujo simplemente intentaba huir de la persecución. Esta falsedad en la postura oficial ha sido corroborada por evidencias visuales que demuestran la ausencia del pretendido intento de atropellamiento.
La falta de cámaras corporales en los agentes involucrados, justificada por el ICE como consecuencia del cierre de gobierno «provocado por los demócratas» resulta aún más cuestionable cuando se considera el presupuesto récord de 134 mil millones de dólares aprobado por el Congreso para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Un patrón de encubrimiento
El caso de Salgado Araujo no es el único que ha generado controversia. En Mineápolis, Minesota en enero de este año los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Jeffrey Pretti fueron asesinados por agentes del ICE con dos semanas de diferencia. En ambos casos, el ICE afirmó falsamente que las víctimas habían agredido a sus efectivos, una versión que los videos desmintieron rotundamente.
La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem agregó más leña al fuego al calificar a Good como «terrorista» mientras que Greg Bovino comandante de la Patrulla Fronteriza sostuvo la mentira de que Pretti había intentado disparar a los agentes, cuando en realidad solo grababa con su teléfono celular un acto de represión contra manifestantes.
La responsabilidad política
La propensión a mentir y encubrir homicidios perpetrados por agentes federales refleja un nivel de descomposición institucional bajo el trumpismo. Las acciones del ICE y el DHS, caracterizadas por el racismo la xenofobia y el desprecio por la legalidad tienen su origen en la figura de Donald Trump quien, como jefe supremo de estas agencias, es el responsable político e intelectual de sus crímenes.
Ante esta situación, el Estado mexicano tiene la obligación de buscar justicia para Salgado Araujo y los otros 17 connacionales muertos bajo custodia del ICE. Esta búsqueda de justicia debe ser un esfuerzo nacional, trascendiendo diferencias políticas, partidistas o ideológicas.
