En un escenario donde la documentación de operativos migratorios se ha vuelto común, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) enfrenta una demanda que lo acusa de crear una lista negra de observadores. Esta situación ha encendido las alarmas sobre la libertad de expresión y la privacidad en Estados Unidos.
La demanda, presentada por el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC) y tres observadoras legales, Nicole ClelandJacquelyn Ivey y Anna Walker alega que el DHS ha estado recopilando datos personales de quienes documentan o protestan contra las acciones de ICE. Las organizaciones Democracy Forward y Hagens Berman Sobol Shapiro LLP representan a los demandantes.
La supuesta lista negra y sus implicaciones
Los demandantes afirman que el DHS ha utilizado tecnología de reconocimiento facialcámaras corporalesinformación de matrículas y otros dispositivos para identificar y rastrear a personas que observan las medidas de control migratorio. Esta información se habría almacenado en el Sistema Automatizado de Selección de Objetivos (ATS) lo que permitiría compartirla con otras agencias de seguridad.
Además, se alega que el DHS ha utilizado estos datos para revocar los privilegios de Global Entry de los demandantes, un programa que agilita los controles en aeropuertos. Según los demandantes, esta acción sería una represalia por ejercer sus derechos constitucionales.
Incidentes reportados en diferentes estados
La demanda detalla varios incidentes en diferentes estados. En Maine se informó a los observadores que serían incluidos en una base de datos de terroristas nacionales. En Chicago los agentes utilizaron reconocimiento facial para identificar a los ciudadanos. En Minneapolis los observadores fueron llevados a sus casas por agentes de ICE.
En todo el país, los agentes del DHS se han acercado a los observadores, llamándolos por su nombre completo sin identificarse, lo que refuerza la percepción de vigilancia y represalia. Jacquelyn Ivey subraya que no se trata solo de perder privilegios, sino de defender principios fundamentales.
Las demandas y sus objetivos
La demanda busca que el tribunal ordene al gobierno dejar de recopilar y usar esta información con fines de represalia. También pide que se declaren ilegales o inconstitucionales las prácticas de vigilancia dirigida contra activistas, periodistas y defensores de derechos de inmigrantes.
Nicole Cleland declaró que la rendición de cuentas del gobierno comienza con la transparencia. Anna Walker enfatizó que quienes tienen el privilegio de expresarse tienen la responsabilidad de defender los derechos de todos en sus comunidades.
La demanda argumenta que el DHS viola la Ley de Privacidad la cual prohíbe al gobierno federal mantener registros que describan cómo las personas ejercen sus derechos de la Primera Enmienda. John Davisson de EPIC, advirtió que cuando el gobierno recopila expedientes secretos sobre personas comunes por ejercer sus derechos constitucionales, envía un mensaje escalofriante.
Skye Perryman de Democracy Forward, declaró que el gobierno federal no puede crear expedientes secretos sobre las personas porque ejercen su derecho a observar, documentar o criticar pacíficamente sus acciones.
