La negociación entre el Gobierno de Gustavo Petro y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) escaló a un conflicto público con la Fiscalía. En las últimas semanas la Casa de Nariño solicitó la suspensión de las órdenes de captura para permitir que 29 integrantes ingresen a las zonas de ubicación temporal, un paso previsto para facilitar la desmovilización progresiva. La negativa de la Fiscalía a levantar esas medidas encendió un debate sobre la verificación de los compromisos, la garantía de derechos y el tratamiento de quienes tienen pedidos de extradición.
Choque institucional y elementos centrales
El choque tiene dos ejes: por un lado, la intención del Ejecutivo de desbloquear el traslado a ZUT como parte de los acuerdos alcanzados en mesas previas; por otro, la postura de la Fiscalía, que exige pruebas y garantías antes de autorizar cambios en procesos penales. La Oficina del Comisionado de Paz, liderada por Otty Patiño, presentó una lista de beneficiarios y pidió actuar sobre las órdenes de captura, mientras que la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, requirió mecanismos de verificación claros. El enfrentamiento pone en tensión la aplicación de la Ley 2272 de 2026 y la interpretación sobre cuándo deben operar las medidas temporales.
Motivos de la Fiscalía
La Fiscalía justificó su negativa señalando que no hay evidencia suficiente que permita concluir que el proceso está en una fase avanzada que amerite la suspensión automática de medidas. Exigió revisiones individuales de los nombres remitidos por el Gobierno y planteó condiciones mínimas: cese de hostilidades, entrega de menores reclutados, desmontaje de economías ilegales y entrega de armas. Además, recordó que entre los incluidos figura alias Chiquito Malo, quien enfrenta solicitud de extradición de estados unidos con concepto favorable de la Corte Suprema emitido el 10 de diciembre de 2026.
Respuesta del Gobierno y matices internos
Desde la Casa de Nariño se respondió que la suspensión de órdenes en contextos de paz está prevista por la norma y que el objetivo es avanzar con prudencia en la implementación. El presidente Gustavo Petro dijo que en las primeras fases no se beneficiarán a quienes sean extraditables, distanciándose parcialmente de la lista inicial elaborada por el comisionado. Mientras tanto, Otty Patiño defendió la resolución y afirmó que la ley habilita la medida sin valoraciones discrecionales posteriores, lo que generó críticas y explicaciones públicas entre las dos instituciones.
Zonas de ubicación temporal y condiciones pactadas
El Gobierno autorizó el traslado a cinco ZUT en territorios priorizados, con la salvedad de que, en la primera fase, no estarán presentes quienes tengan órdenes de captura con fines de extradición vigentes. Las ubicaciones previstas incluyen áreas rurales como Tierralta, Córdoba, y Belén de Bajirá, Chocó, donde se espera iniciar movimientos el 25 de junio de 2026. Las ZUT se conciben como espacios temporales para facilitar la dejación de armas y la transición hacia procesos judiciales, pero la Fiscalía insiste en que no deben interpretarse como un fin en sí mismos, sino como un paso dentro de un esquema verificable.
Escenario abierto y pasos siguientes
El futuro inmediato depende de la capacidad de las partes para acordar un mecanismo de verificación independiente y trazable. Si la verificación avanza, el traslado podría comenzar en la fecha anunciada; si persisten las dudas, las tensiones institucionales pueden prolongar la paralización del proceso. Observadores y organizaciones de derechos humanos subrayan la necesidad de compromisos concretos y garantías reales para las víctimas. En este contexto, la relación entre la Presidencia y la Fiscalía será clave para determinar si el proceso se consolida o si el enfrentamiento obliga a replantear la estrategia de paz.
Consideraciones finales
La polémica dejó en evidencia la complejidad de negociar con grupos señalados por narcotráfico y violencia: la búsqueda de paz debe conciliar la implementación normativa, la cooperación internacional frente a pedidos de extradición y las exigencias de la justicia penal. Mantener una ruta transparente, con verificación independiente y respeto por el marco legal, aparece como requisito para evitar retrocesos y proteger la integridad del proceso iniciado entre el Gobierno y el EGC.
