En un anuncio reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que las autoridades mexicanas están investigando la posible intervención del crimen organizado en el sector minero del país. Esta investigación surge en medio de denuncias que señalan acuerdos entre grupos criminales y empresas extractivas canadienses.
Aunque no se han presentado demandas formales ante las fiscalías estatales o federales, la mandataria destacó los incumplimientos de estas empresas con las regulaciones ambientales. Este escenario ha encendido las alarmas sobre la integridad del sector y la seguridad de los trabajadores.
Denuncias de infiltración criminal en empresas mineras
A principios de mayo, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República MexicanaNapoleón Gómez Urrutia señaló que varias empresas mineras presentan un patrón de infiltración del crimen organizado. Entre las empresas mencionadas se encuentran Plata Panamericana en ZacatecasAméricas Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa y Torex Gold en Guerrero.
Gómez Urrutia comparó estas situaciones con lo ya reportado en la empresa Camino Rojo donde se ha observado el uso de células delictivas para interferir en la vida gremial, violar derechos laborales y extorsionar a los trabajadores para que abandonen sus gremios y entreguen sus contratos a grupos de protección o sindicatos al servicio de la patronal. Estas denuncias fueron respaldadas por el panel del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) desde abril.
Connivencia entre empresas mineras y crimen organizado
La relación entre empresas mineras y crimen organizado no es un fenómeno nuevo, especialmente en estados como Guerrero y Michoacán. Más allá de la provisión de grupos de choque, hay indicios de que algunas corporaciones utilizan la delincuencia para expulsar poblaciones de sus territorios, talar áreas boscosas con fines extractivistas, y controlar caminos rurales para operar con impunidad en el tráfico de personas, armas y estupefacientes.
Estos delitos ambientales son solo la punta del iceberg de una modalidad más amplia de quebrantamiento del estado de derecho que incluye el despojo de tierras, la extorsión y la supresión de derechos laborales básicos. La ausencia de denuncias formales podría reflejar el temor de individuos y comunidades ante posibles represalias.
La necesidad de una investigación exhaustiva
Ante este panorama, es crucial que las instancias gubernamentales lleven a cabo una investigación amplia y de gran calado para determinar la extensión de los nexos entre actividades delictivas y actores económicos formalmente constituidos. Estas empresas se han caracterizado históricamente por su ambición desmedida falta de escrúpulos y desdén por los derechos humanos, laborales y colectivos, así como por las regulaciones ambientales.
A lo largo de los siglos, la actividad minera ha sido un ámbito donde se articulan grandes fortunas y explotación inicua, depredación del entorno y utilidades astronómicas, el oro y la miseria. Es imperativo vigilar con especial atención las actividades mineras y garantizar que se desarrollen en estricto respeto a las leyes, así como ir a fondo en la procuración de justicia cuando resulte patente cualquier infracción al marco legal.
