En el corazón de la Ciudad de México, bajo el ritmo de son jarocho y huapango, se celebró una reunión que combinó música, protesta y demandas concretas: exigir al gobierno que mantenga la promesa de no impulsar la fractura hidráulica, conocida comúnmente como fracking. La convocatoria, llamada Fandango por la vida, fue organizada por la Alianza Mexicana Contra El Fracking, una coalición compuesta por más de 40 organizaciones de diversos ámbitos —ambiental, feminista, defensa del agua y derechos humanos— que reunió a representantes de regiones afectadas por la extracción petrolera como la Huasteca veracruzana, San Luis Potosí y Coahuila.
La protesta se enmarca en un rechazo más amplio tras el anuncio oficial del gobierno el April 8 sobre la posibilidad de explorar gas no convencional mediante fracking. Desde entonces, la respuesta de comunidades y académicos se ha ido articulando con foros, cartas y movilizaciones locales: acciones simultáneas en San Luis Potosí, Veracruz y Nuevo León que reunieron al menos 500 participantes son parte de esa reacción. Los organizadores convocaron además una Movilización Nacional Contra el Fracking para el June 5, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, para presionar a los legisladores y a la comisión técnica creada por el Ejecutivo.
Motivos técnicos y ambientales del rechazo
Los argumentos en contra se centran en riesgos hídricos, costos y soberanía. Especialistas presentaron cálculos que estiman un consumo de hasta 470 mil millones de litros de agua para desarrollar plenamente los yacimientos prospectivos —equivalente, según los expertos, a 47 millones de camiones cisterna— y advirtieron que buena parte de ese volumen podría extraerse de acuíferos ya sobreexplotados. Además, datos técnicos citados en foros alternos plantean que alcanzar los objetivos de producción previstos por el gobierno en la región noroeste requeriría la apertura de cerca de 250 pozos anuales, lo que pone en duda la sostenibilidad real de la propuesta.
Costos económicos y dependencia externa
En términos financieros, estudios presentados por organizaciones civiles calculan una inversión en un escenario moderado de alrededor de US $42 a $63 mil millones para desplegar aproximadamente 3,500 pozos en todas las cuencas de esquisto del país. Esa cifra contrasta con el presupuesto operativo anual de Pemex, estimado en torno a US $13–14 mil millones, lo que sugiere que la empresa estatal no podría autofinanciar el proyecto y facilitaría la entrada de capital foráneo. Economistas han advertido que permitir la llegada de tecnología, financiamiento y empresas extranjeras podría reorganizar la dependencia energética y reducir la capacidad de decisión soberana del Estado mexicano.
Respuesta académica y social
Como contrapeso a la comisión oficial conformada el April 15 por 17 académicos de instituciones como la UNAM y el IPN, un foro celebrado el May 5 en la Facultad de Economía de la UNAM reunió a científicos, investigadores y representantes comunitarios que llegaron a conclusiones divergentes. Algunos integrantes de la comisión han planteado la posibilidad de ampliar la integración técnica al incluir especialistas en impacto social y ambiental; otros han adelantado que, si sus hallazgos no se reflejan en el informe final, harán públicas conclusiones alternativas.
Testimonios y experiencias locales
Representantes de territorios con historia de extracción ofrecieron relatos directos sobre consecuencias concretas: contaminación de fuentes de agua, promesas de desarrollo incumplidas y cambios en el tejido social. Romualdo García de Luna, de Ojital Viejo en Papantla, resumió que lo que se vendió como progreso terminó siendo destrucción masiva para su comunidad. Grupos indígenas y asambleas locales han entregado firmas y resoluciones a la Cámara de Diputados; por ejemplo, el envío colectivo de más de 3,000 firmas se realizó el April 16 para rechazar la técnica, y una iniciativa constitucional contra el fracking presentada en October 2026 sigue pendiente de debate en el Congreso.
Agenda y próximos pasos
El calendario de la protesta fue pensado para presionar antes de que la comisión entregue sus primeros resultados, previstos dentro de un plazo aproximado de dos meses desde el anuncio oficial —es decir, con un horizonte cercano al June. Los organizadores esperan que la movilización del June 5 obligue a la comisión a considerar con rigor los impactos hídricos, sociales y económicos y no a producir lo que califican como una simulación técnica. Mientras tanto, la discusión pública continúa, mezclando argumentos científicos, exigencias comunitarias y debates sobre la soberanía energética.
En este escenario, la tensión entre propuestas gubernamentales de explorar nuevas fuentes de gas y la resistencia organizada en torno al derecho al agua y la protección territorial promete ser uno de los ejes centrales del debate energético y ambiental en los meses por venir.
