La Corte Suprema decidió no aceptar el recurso de per saltum que llevó la Procuración del Tesoro para que el máximo tribunal definiera de inmediato la validez de la Ley 27.802, conocida como reforma o modernización laboral, aprobada por el Congreso de la Nación el 28 de febrero. Con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, el tribunal sostuvo que la presentación no cumple los requisitos procesales previstos en el Código Procesal Civil y, en consecuencia, la petición resultó inadmisible.
La iniciativa del Gobierno para saltear instancias se produjo luego de que un juez de primera instancia dictara una medida cautelar que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral a pedido de la CGT. La Procuración había planteado el per saltum el 16 de abril (y, según constancias formales, lo formalizó el 17 de abril), buscando que la Corte restablezca la vigencia plena de la ley sin aguardar el recorrido habitual por las cámaras de apelaciones.
Qué explicó la Corte sobre la inadmisibilidad
En el fallo los ministros subrayaron que el instrumento del per saltum está regulado por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita a omitir instancias solo en situaciones de competencia federal claramente acreditada y de notoria gravedad institucional. La Corte entendió que esos supuestos no están acreditados y que, además, tratar el recurso en esta etapa sería procesalmente inoficioso, dado que el expediente ya transita por las cámaras de apelaciones tanto en materia laboral como contencioso administrativa. Por eso, con las firmas mencionadas, el tribunal rechazó admitir el pedido del Estado.
Trámite judicial y argumentos de las partes
El origen del conflicto fue una acción impulsada por la CGT que cuestionó artículos de la reforma y pidió que se declare su inconstitucionalidad y la suspensión cautelar de su aplicación. El juez de primera instancia, Raúl Horacio Ojeda, dictó una medida cautelar que afectó a alrededor de 81 artículos, lo que llevó a la Procuración del Tesoro a intentar acelerar la revisión en la Corte. El Gobierno sostuvo que la cuestión tenía aristas federales y que la demora en resolver generaba una contradicción con el modelo de control constitucional que reclama una respuesta uniforme a nivel nacional.
Requisitos del per saltum
El per saltum es un mecanismo excepcional: por definición permite a la Corte Suprema intervenir sin agotar instancias intermedias cuando existe una cuestión de competencia federal y una gravedad institucional evidente. En términos procesales, el artículo 257 exige además plazos y formalidades: la presentación debe ser oportuna, acompañada del traslado correspondiente y sometida a la admisibilidad por el tribunal que conoce el asunto. La Corte concluyó que esos requisitos no se hallaban reunidos y recordó que solo son susceptibles de salto las sentencias de primera instancia definitivas o resoluciones equivalentes en sus efectos.
Estado procesal actual
Tras el rechazo del per saltum, la causa continúa dividida: por un lado está la vía del fuero Contencioso Administrativo Federal y, por el otro, el expediente en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En la Cámara Laboral quedaron pendientes recusaciones contra magistrados señalados por la CGT, y en la Contencioso Administrativo deberá resolverse la constitucionalidad de la ley si se mantiene la competencia de ese fuero. Si la Cámara Laboral aparta a los jueces recusados y asume la materia, podría generarse un conflicto de competencia que, en última instancia, sí requeriría definición de la Corte Suprema, pero solo sobre la cuestión de competencia, no sobre el fondo de la reforma.
Reacciones y escenarios futuros
La central obrera cuestionó la decisión del máximo tribunal y sostuvo que la Corte podría haber intervenido dada la importancia del tema. Desde el Ejecutivo se evaluó el revés como un freno a su estrategia para obtener un pronunciamiento definitivo. En paralelo, jueces y cámaras deberán resolver recusaciones, competencia y admisibilidad, lo que mantiene la incertidumbre sobre la aplicación práctica de la Ley 27.802. Mientras tanto, la norma recuperó vigencia tras decisiones de instancia intermedia, pero la tensión procesal deja abierta la posibilidad de un pronunciamiento futuro de la Corte Suprema cuando se plantee la competencia entre fueros.
En síntesis, la negativa a aceptar el per saltum no resolvió el debate sobre la reforma laboral en el fondo; simplemente devolvió el caso al circuito ordinario de apelaciones, donde se decidirá primero quién debe fallar sobre la constitucionalidad y luego, eventualmente, el contenido mismo de la controversia.
