La historia comienza con una promesa sencilla: ampliar una vivienda en un plazo corto. Rob y Lucy Davies contrataron a Steve Figg y su empresa Figg Construction Ltd para una ampliación que, según el presupuesto, estaría lista en doce semanas. Lo que sucedió después fue todo lo contrario: la obra quedó inconclusa, la casa resultó inhabit able y la familia soportó problemas estructurales y de salubridad que hicieron imposible vivir en el hogar.
Los daños descritos incluyen un gran hueco en el jardín en el lugar donde debía ubicarse la cocina, muros sin soporte adecuado y perforaciones por las que entraban roedores. Rob Davies resumió el estado de su casa comparándola con un terreno bombardeado, y mencionó que no podían mantener el calor ni impedir la entrada de animales. Esta situación obligó a la pareja a incurrir en gastos adicionales y a iniciar un proceso legal contra el constructor.
Costos reales de una obra que no se terminó
En términos económicos, los daños superaron con creces el importe inicial pagado. La familia entregó a Figg más de 1,075,000 pesos mexicanos (50,000 euros) como pago por la ampliación. Tras evaluar los perjuicios, calcularon gastos de reparación cercanos a 688,000 pesos mexicanos (32,000 euros) y desembolsos legales por aproximadamente 73,100 pesos mexicanos (3,400 euros). Ese conjunto de erogaciones elevó el desembolso total de la familia a más de 1,836,000 pesos mexicanos (85,400 euros), a pesar de que la obra nunca se completó correctamente.
Detención de los propietarios y reacción policial
Cuando Rob y Lucy intentaron comunicarse con el constructor para exigir soluciones, la situación dio un giro inesperado: Steve Figg presentó una denuncia por acoso contra sus propios clientes. Producto de esa denuncia, ambos fueron detenidos en sus lugares de trabajo y permanecieron en dependencias policiales durante 22 horas. Posteriormente las autoridades los liberaron y pidieron disculpas tras concluir que la denuncia carecía de fundamento. Esta secuencia de eventos agravó el conflicto y motivó una investigación más profunda sobre la conducta del contratista.
Perfil judicial del constructor y otras víctimas
En el juicio, Figg admitió 22 infracciones a la normativa de construcción y fue condenado. El tribunal ordenó que pagara a los Davies una indemnización superior a 2,107,000 pesos mexicanos (98,000 euros). Para la pareja, la resolución significó alivio económico y una valoración dura contra el responsable: Rob dijo que no encontraba otra palabra que describiera al constructor que no fuera desprecio por su conducta. Aun así, resaltó que lo importante es que ahora deberá responder por los daños causados.
Otros clientes afectados
El caso no fue aislado. Al menos dos personas declararon públicamente problemas similares con la misma empresa. Gemma Hemmings, de 40 años, contó que, tras dar a luz, presenció cómo el contratista llegó con una motosierra y una maza y destruyó la oficina de jardín de su propiedad en medio de una disputa por el pago final; ella y su esposo habían abonado el equivalente a más de 2,472,000 pesos mexicanos (115,000 euros) por la ampliación. Por su parte, el corredor de seguros Nick Marns, quien contrató a Figg en 2017 para duplicar el tamaño de su vivienda, relató que lo que quedó fue un solar lleno de escombros y que el proceso afectó su salud mental y relaciones personales.
Impacto emocional y familiar
Más allá de las cifras, los Davies describieron el episodio como una pesadilla que puso a prueba su matrimonio. El desgaste psicológico por la pérdida de la vivienda usable, el estrés del proceso legal y la humillación de las detenciones temporales intensificaron el daño. Casos como estos suelen generar problemas de ansiedad, insomnio y conflictos personales que, a menudo, requieren apoyo profesional además de la reparación económica que ordena un tribunal.
Señales de alarma y cómo protegerse
Este expediente contiene lecciones prácticas. Entre las señales de alerta que se ignoraron están un plazo irreal de doce semanas para una ampliación de magnitud, la ausencia de un contrato detallado con penalizaciones, pagos anticipados sin verificación del avance y la interrupción de la comunicación por parte del contratista cuando surgieron problemas. Estas pautas suelen coincidir con fraudes en el sector de la construcción y conviene considerarlas como indicios de riesgo.
Para protegerse, especialistas recomiendan: verificar el registro y la licencia del contratista; solicitar referencias documentadas de al menos tres proyectos anteriores; firmar un contrato completo que incluya plazos, materiales y penalizaciones; evitar pagos totales anticipados y establecer abonos vinculados a avances comprobables con evidencia fotográfica o inspección independiente; conservar un registro escrito de todas las comunicaciones; y consultar a un abogado especializado antes de entregar montos elevados, en particular si superan el equivalente a 50,000 pesos sin un contrato formal. El derecho a reclamar existe, pero ejercerlo con asesoría reduce el riesgo de consecuencias inesperadas si el contratista actúa de forma agresiva.
