En la cumbre de la Cordillera, donde el aire es delgado y las noches son heladas, emergen grandes campamentos que trabajan en la extracción de cobre y otros minerales. Allí, técnicos como Aldana Ramírez pasan semanas lejos de su hogar, alimentando una promesa de trabajo estable para regiones con escasas alternativas. El proyecto Los Azules, situado a unos 3.500 metros y cercano a la frontera con Chile, simboliza ese esfuerzo: equipo pesado, música de campamento y turnos que nunca paran conviven con el paisaje andino lleno de glaciares y fauna como los guanacos. En ese contexto aparece el debate público sobre prioridades y riesgos.
La agenda oficial ha acelerado la apertura de nuevos yacimientos desde la asunción de Javier Milei, con medidas diseñadas para atraer capitales. El cambio ha reconfigurado expectativas locales y nacionales: mientras muchos celebran las oportunidades de empleo y la llegada de divisas, organizaciones ambientalistas y parte de la población advierten sobre la presión sobre recursos hídricos y la integridad de los glaciares. La tensión entre desarrollo y conservación traza el eje del conflicto que atraviesa provincias como San Juan y comunidades como Jáchal y Villa Calingasta.
Impulso político y señales a inversores
Con la implementación del RIGI en 2026, el gobierno ofreció beneficios tributarios y cambiarios para proyectos de explotación y energía, buscando atraer miles de millones de dólares. Esa política impulsó la presentación de casi cuarenta iniciativas y la aprobación inicial de dieciséis, con estimaciones de inversión cercanas a US$20.000 millones. En 2026 las exportaciones mineras crecieron un 27% hasta los US$6.000 millones, en buena medida por el oro y el litio; además, el Banco Central y el Ejecutivo proyectan que el sector puede multiplicar sus envíos en los próximos años y acercarse a metas ambiciosas hacia 2030 y 2035.
Grandes proyectos: escala y promesas
El consorcio que desarrolla Los Azules —con participación de McEwen, Stellantis y Rio Tinto— planifica iniciar producción en 2030 con un ritmo estimado de 148.000 toneladas de cobre por año durante unas dos décadas. El diseño final contempla un pozo cuya huella equivaldrá a 840 canchas de fútbol y una profundidad cercana a los 300 metros. La empresa anuncia objetivos como la neutralidad de carbono para 2038 y técnicas que, según dicen, reducen el consumo de agua.
El valor del cobre y la transformación exportadora
Más de la mitad de las proyecciones de exportación minera se esperan del cobre, un recurso clave para la construcción, la transición energética y tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. Argentina, que prácticamente no produjo cobre desde 2018, cuenta con reservas que podrían ubicarla entre los principales proveedores mundiales. Economistas sostienen que la matriz exportadora está cambiando y que la minería, junto a hidrocarburos, puede aliviar la histórica escasez de divisas del país.
Infraestructura y límites operativos
Además de la extracción en sí, los proyectos enfrentan retos de infraestructura y energía: acceso por caminos de tierra, suministro eléctrico suficiente y logística en altura son barreras que elevan costos y plazos. La modificación de la ley de protección de glaciares —que delega autorizaciones a las provincias— introdujo incertidumbre jurídica por pleitos presentados por grupos ambientalistas. Esa judicialización, junto con la necesidad de garantías técnicas, condiciona la llegada de nuevos capitales.
Impacto ambiental y el dilema local
La apertura de un gran yacimiento implica cambios visibles: para habilitar el cráter de extracción se removerá una vega, es decir, un humedal de altura que actúa como esponja natural y regula caudales. Las comunidades expresan temor por el abastecimiento futuro: en zonas andinas, los glaciares han perdido volumen (un 17% en la última década, según glaciólogos), y el agua ya es un bien disputado. Historias como el derrame de 2015 en una mina de Barrick, con más de un millón de litros de solución cianurada vertidos, siguen presentes en la memoria colectiva y alimentan el reclamo por controles más estrictos.
La vida en los campamentos y la apuesta social
En el campamento de trabajo, la convivencia condiciona el ánimo: perforistas, operarios de turnos nocturnos y técnicos comparten espacios reducidos, fogatas o braseros y una rutina que alterna aislamiento con la esperanza de progreso. Para trabajadores como Andrés Carrizo, la minería significa un proyecto de vida; para otros, incluido Alejandro en Jáchal, significa la obligación de elegir entre protección del agua o sustento económico. Esa disyuntiva obliga a autoridades, empresas y comunidades a diseñar controles, monitoreos y medidas de mitigación que permitan compatibilizar empleo y conservación.
El avance minero en los Andes es, en suma, una ecuación compleja: grandes reservas y promesas económicas frente a riesgos ambientales reales y percepciones locales encontradas. La búsqueda de equilibrio será clave para que la transformación productiva tenga sustentabilidad social y ecológica en el largo plazo.
