En la conferencia mañanera del 27 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso el avance de la estrategia federal de seguridad impulsada por la presidenta Claudia sheinbaum. El eje del reporte fue la disminución en el promedio diario de homicidios dolosos, acompañado de un conjunto de acciones operativas e investigaciones que apuntan a sostener esa tendencia.
El comunicado oficial señaló que, en menos de 20 meses, los homicidios dolosos pasaron de 86.9 a 44.3 casos por día, lo que representa una reducción preliminar del 49%. Junto a ese indicador, se dieron a conocer cifras sobre arrestos, decomisos de armas, laboratorios desmantelados y medidas financieras contra presuntos delincuentes.
Principales cifras y elementos operativos
Entre los datos acumulados desde el inicio de la administración, el gabinete destacó: 54,297 personas detenidas por delitos de alto impacto; 85 funcionarios y exfuncionarios arrestados; y 28,739 armas decomisadas, de las cuales el 78% provendría de Estados Unidos. Además, se informaron 2,382 laboratorios clandestinos desarticulados y 92 objetivos prioritarios transferidos a Estados Unidos en tres remesas específicas.
El informe también incluyó acciones del ámbito financiero: 1,422 personas añadidas a la lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera, con más de 4,000 millones de pesos congelados por presuntas operaciones ilícitas. Estos mecanismos fueron presentados como complementos de la respuesta operativa en campo.
Mecanismos que, según el gobierno, explican la tendencia
El secretario atribuyó la baja en violencia a una combinación de fortalecimiento en inteligencia, mejores capacidades de investigación y despliegue territorial permanente. También destacó la revisión diaria del Gabinete de Seguridad para priorizar zonas y objetivos, lo que, según el titular, permite identificar y neutralizar focos de violencia con mayor rapidez.
Como componentes estructurales de la estrategia, se señaló a la Guardia Nacional —más de 120,000 elementos desplegados y más de 600 cuarteles— y al Centro Nacional de Inteligencia, cuyo estado de fuerza se amplió en un 30% en el último año y medio. Estos recursos, dijo Harfuch, resultan centrales para sostener operativos y seguimientos estratégicos.
Transferencias internacionales y cooperación
El reporte puntualizó que los 92 objetivos prioritarios fueron enviados a Estados Unidos en tres grupos —agosto y febrero de 2026, y enero de 2026— como parte de un mecanismo de cooperación judicial y de intercambio de pruebas. Según la Secretaría, estas remesas forman parte del trabajo para desactivar estructuras transnacionales y asegurar procesos en tribunales extranjeros cuando existen delitos cometidos fuera del país o vinculaciones internacionales.
Advertencias sobre funcionarios y disparidades regionales
En el mensaje público, Harfuch fue tajante respecto a la persecución de la corrupción: los funcionarios y exfuncionarios vinculados a actividades delictivas serán investigados y detenidos “sin importar el partido o el color”, afirmó. Entre los 85 detenidos se encuentran integrantes de distintas fuerzas políticas, incluyendo siete presidentes municipales en funciones al momento de su arresto.
No obstante, el secretario advirtió que la evolución de la violencia es desigual: mientras varias entidades muestran descensos sostenidos, otras aún enfrentan altísimos niveles de incidencia por disputas entre grupos criminales. Por ejemplo, el informe resalta reducciones significativas en estados como Guanajuato (68.5%), seguido por Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Morelos y Sinaloa, donde se enfatizó la complejidad derivada de la fragmentación del Cártel de Sinaloa tras la detención de sus líderes.
Limitaciones y lecturas críticas
El propio informe califica la cifra como preliminar, y el gobierno reconoce que los patrones de violencia no evolucionan homogéneamente en todo el territorio. Además, la reducción anunciada supera en nueve puntos porcentuales el balance comunicado semanas antes, cuando la baja se situó en 40%, lo que subraya la volatilidad de las mediciones y la necesidad de seguimiento continuado.
En síntesis, el reporte del 27 de mayo de 2026 presentó una fotografía de avances operativos acompañada de advertencias: éxitos medibles en detenciones y decomisos, junto a limitaciones regionales y la insistencia en investigar a responsables públicos sin distinciones partidistas. El gobierno señala que mantener y ampliar estos resultados dependerá de la coordinación entre inteligencia, despliegue territorial y acciones financieras y judiciales.
