La Investigación contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, avanzó con nuevas citaciones: la fiscalía federal a cargo de Gerardo Pollicita llamó a prestar declaración a la escribana que intervino en varias operaciones y a cuatro mujeres que figuran en los registros como acreedoras con garantías hipotecarias. Estas convocatorias integran la causa que se sigue por presunto enriquecimiento ilícito y buscan dilucidar la composición del patrimonio del funcionario y la mecánica financiera detrás de las compras.
El expediente reúne escrituras, registros de propiedad y testimonios que, según la fiscalía, pueden ayudar a reconstruir cómo se financiaron dos operaciones inmobiliarias de la familia de Adorni: la compra de un departamento en Caballito y la adquisición de una vivienda en el country Indio Cuá. Entre los documentos ya relevados figuran hipotecas con fechas y montos que la pesquisa considera relevantes para ordenar las pruebas.
Qué se investiga
Los fiscales indagan, en términos centrales, el origen de los fondos y las relaciones contractuales que permitieron las adquisiciones. En el caso del departamento en la calle Miró al 500, la escritura aparece valuada en US$230.000 y, según la documentación, el comprador registró un préstamo hipotecario no bancario por US$200.000 otorgado por dos mujeres que también figuraron como vendedoras. Además, la causa incorpora otra hipoteca por US$100.000 sobre una propiedad familiar en la calle Asamblea, formalizada el 15 de noviembre de 2026, día en que se materializó la compra de la casa en Indio Cuá a nombre de la esposa del funcionario, según consta en los registros.
Actores y testimonios
La escribana y su rol
La profesional citada para declarar es Adriana Mónica Nechevenko, quien intervino en las escrituras del departamento de Caballito, en la hipoteca de la casa de Asamblea y en la compra del inmueble en Indio Cuá a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni. La fiscalía solicitó que aporte la documentación vinculada a esas operaciones para complementar el cuestionario testimonial; su testimonio se considera clave para precisar cómo se instrumentaron los pagos y qué respaldos formales se dejaron en las notarías.
Las prestamistas y el testigo clave
Las mujeres citadas incluyen a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes constan como vendedoras del departamento de Caballito y, además, como acreedoras que garantizan US$100.000 cada una. Por otra parte, Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria María José Cancio figuran como las supuestas financiadoras de la hipoteca sobre la casa de Asamblea por montos de US$85.000 y US$15.000, respectivamente. En tanto, el exfutbolista Hugo Morales declaró como testigo y sostuvo que vendió el departamento en mayo de 2026 por US$200.000 a Sbabo y Viegas; Morales aportó además intercambios de mensajes y datos de la inmobiliaria que mediaron la operación, y mencionó la presencia de dos personas no identificadas en esa transacción.
Medidas procesales y material probatorio
La fiscalía ya ordenó la producción de pruebas y envió oficios a registros de la propiedad, al automotor y a entidades bancarias para cruzar movimientos y titularidades. El expediente tramita ante el juez federal Ariel Lijo, que supervisa las actuaciones. En la causa también aparece vinculada una investigación paralela sobre vuelos privados a Punta del Este que, según la pesquisa, podrían estar relacionados con aportes o pagos sufragados por el periodista y contratista Marcelo Grandío, aspecto que se analiza por separado pero que aporta contexto a la pesquisa principal.
Plazos y comparecencias
Las citaciones se fueron programando en días sucesivos: la comparecencia de la escribana fue reclamada para aportar detalles de las escrituras, mientras que las declaraciones de Sbabo y Viegas y las de las Cancio están previstas como parte de la batería de testimonios. Los investigadores buscan, con estas audiencias, despejar dudas sobre si las mujeres actuaron como prestamistas reales, si fueron intermediarias de un inversor que no dejó rastros o si la operación encubrió otra finalidad fiscal o patrimonial.
Implicaciones políticas y próximas etapas
Más allá del plano judicial, el caso tiene impacto en el ámbito político por el cargo del imputado. Fuentes consultadas por la causa señalan que las audiencias y la documentación que se aporte en las próximas semanas condicionarán el curso del expediente y la posibilidad de avanzar con medidas complementarias, como peritajes contables o nuevas citaciones. El desarrollo de la pesquisa dependerá de la coherencia entre escrituras, registros y testimonios, y de si surgen elementos que conecten a terceros con la instrumentación del financiamiento.
Contexto y expectativas
La causa continúa en movimiento: la fiscalía intenta reconstruir el flujo de fondos y comprobar la veracidad de las declaraciones de las personas que aparecen como acreedoras o vendedoras. A medida que se incorporen documentos y se tomen declaraciones, el expediente buscará aclarar si hubo irregularidades en la formación patrimonial del funcionario y si corresponde avanzar con medidas cautelares o nuevas imputaciones.
