El miércoles 23 de septiembre, Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50%, fue desalojada del piso de 92 m² que había ocupado desde 1956 en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el elegante barrio del Retiro. Tras una larga disputa judicial, la comisión de ejecución entró en el alojamiento y, debido a su limitada movilidad, la víctima tuvo que abandonar el interior en camilla y ser trasladada al hospital Gregorio Marañón para una valoración médica. La anciana decidió pasar la noche con familiares en lugar de aceptar una residencia temporal del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Historia del contrato y la disputa legal
El arrendamiento se originó cuando el padre de Maricarmen firmó un contrato de renta antigua en 1956, una modalidad creada durante la dictadura franquista que preservaba alquileres muy por debajo del valor de mercado. Tras la muerte del padre, la vivienda pasó a su esposa y, al fallecer esta en 2005, el contrato se heredó a Maricarmen. Durante todo ese tiempo la inquilina abonó 500 euros al mes (unos US$573), cantidad que resultaba irrisoria frente a los precios actuales de la zona.
En 2018 la familia propietaria vendió el edificio a Renta Corporación que dos años después ofreció a Maricarmen adquirir la propiedad por 247 000 euros (US$282 000). La propuesta fue rechazada por la inquilina, quien alegó no poder financiar la compra. Ese mismo año, la propietaria pasó a manos de Urbagestión entidad que primero exigió 2 650 euros mensuales y después redujo la petición a 1 650 euros. La cifra final superaba en 300 euros la pensión mensual de 1 350 euros que percibe la anciana, lo que la dejó sin posibilidades de pago.
Reacción social y manifestaciones
Frente al portal del edificio, decenas de activistas se congregaron la noche anterior al desalojo. Entre ellos destacaron el actor Carlos Bardem y la cantante Ana Belén quienes impulsaron el lema «Maricarmen se queda«. La madrugada del 23 de septiembre cientos de personas bloquearon la entrada y las escaleras del edificio, coreando consignas que acusaban a las compañías de inversión de especulación inmobiliaria. La policía acordonó la zona y desalojó a los manifestantes, produciéndose varios choques y el uso de gas pimienta, aunque la autoridad explicó que actuaba bajo mandato judicial.
La abogada de la víctima, Beatriz Duro, criticó la falta de responsabilidad de los distintos actores, diciendo: «Aquí se van pasando la pelota y nadie asume la responsabilidad y todo el mundo dice que es el de al lado«. La propia Maricarmen, tras ser trasladada al hospital, expresó su agradecimiento a los simpatizantes en un video que se viralizó, describiendo la situación como «una lucha tan cruel de unas personas que quieren ganar dinero».
Contexto de la crisis de vivienda en Madrid
El caso de Maricarmen se inscribe en una tendencia al alza de los precios de alquiler en la capital. Según datos de Idealista, el precio medio por metro cuadrado en agosto de 2026 alcanzó 23,3 euros, un incremento del 5,1 % respecto al año anterior. En 2016, ese mismo indicador rondaba los 12,8 euros, lo que supone un aumento acumulado superior al 80 % en una década. El Banco de España estima que entre 2021 y 2025 faltaron 750 000 viviendas respecto a la demanda, y en 2025 sólo se incorporaron 92 000 unidades frente a los 240 000 hogares que necesitaban una residencia.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificó el día del desalojo como «muy triste y dramático», mientras el gobierno de coalición bajo Pedro Sánchez señaló a las sociedades de inversión como responsables de la presión sobre el mercado. Por su parte, algunos analistas defienden que la solución pasa por una mayor oferta de viviendas y por la reforma de la normativa de desahucios, que actualmente puede prolongarse varios años y desalienta a propietarios a poner sus inmuebles en alquiler.
