El 15.04.2026 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) adoptó una resolución que modifica las condiciones de la concesión de agua otorgada a Indega, la embotelladora que produce para Coca-Cola en el municipio de La Calera. Tras inspecciones y análisis técnicos la autoridad determinó que existe un estrés hídrico en la cuenca alta del río Teusacá, por lo que priorizó el suministro humano y del acueducto de Bogotá frente a usos industriales. Esta decisión implica cambios en los puntos de captación y en el volumen máximo autorizado de extracción.
La resolución se inscribe en un contexto de bajos niveles en embalses del sistema Chingaza y en la necesidad de proteger las microcuencas locales. La CAR basó su decisión en modelos de balance hídrico y en procesos de participación ciudadana, incluida una audiencia pública. La medida no es exclusiva para una empresa: la entidad anunció que revisará otras concesiones de agua en la cuenca alta del río Bogotá para garantizar el suministro domiciliario y evitar racionamientos en comunidades rurales y urbanas.
Qué cambió: reducción de manantiales, caudal y plazo
La resolución 347 de 2026 restringe el uso de los pozos identificados como 5, 6 y 7 ubicados en el predio Los Cerritos de la vereda Santa Helena, mientras que mantiene la prórroga para los pozos 1, 2, 3 y 4 del predio San José. En términos de caudal autorizado, la extracción pasó de 3,2 a 1,9 litros por segundo, lo que representa una disminución aproximada del 42% en la captación. Además, la vigencia de la concesión se acortó de 10 a 5 años, con condiciones de seguimiento más estrictas.
Obligaciones de compensación y restauración
Como condición para mantener parte de la concesión, la CAR exigió a Indega la compra y protección de 53,4 hectáreas en ecosistemas de páramo y alta montaña. El plan de compensación incluye la implementación de programas de recuperación con especies nativas y la ejecución de obras para garantizar el abastecimiento alternativo del acueducto de La Calera utilizando los recursos disponibles. Estas obligaciones buscan reparar servicios ecosistémicos y fortalecer la resiliencia local frente a sequías y variabilidad hídrica.
Restauración y vinculación comunitaria
Entre las actividades de restauración se señalan programas formativos dirigidos a instituciones educativas de la microcuenca San Lorenzo y la instalación de equipos de monitoreo de biodiversidad, como 10 cámaras trampa en áreas boscosas. La medida incorpora un componente de participación social para que la población local participe en la protección de la flora y fauna y en labores de recuperación, buscando además generar transparencia y confianza en el manejo de los recursos.
Monitoreo y control en tiempo real
La CAR ordenó la instalación de una estación hidrometeorológica que transmita datos en tiempo real a la Red Hidrometeorológica regional y la implementación de un sistema de medición del caudal captado en litros por segundo. Estas herramientas permitirán a la autoridad revocar permisos si se detectan irregularidades o ante eventos que reduzcan la disponibilidad hídrica, como sequías, contaminación o catástrofes. La vigilancia continua es parte del régimen más exigente que la entidad aplicó en 2026 y que ahora opera con mayor firmeza.
Reacción de la empresa y alcance regional
Indega se pronunció señalando que revisará la resolución en el marco del trámite administrativo y que reitera su compromiso con el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. La compañía anunció que evaluará los impactos en su cadena de producción y las medidas de contingencia necesarias. Por su parte, la CAR dejó claro que la restricción responde a la prioridad constitucional del consumo humano y que otras concesiones en la cuenca alta del río Bogotá están siendo objeto de revisión para asegurar la disponibilidad de agua para las poblaciones afectadas.
