El presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), declaró públicamente que la votación sobre la eliminación de la escala 6×1 y la reducción de la jornada debe cerrarse hasta el fin de mayo. El anuncio se produjo en un contexto informal: Motta participó de una carrera y, tras completar 5 km en 32 minutos en un acto conmemorativo por los 200 años de la Cámara, aprovechó para fijar el objetivo legislativo. En sus palabras, la iniciativa no pertenece a una fuerza política concreta sino al interés general del país, y por eso pidió unidad entre bloques.
La propuesta legislativa incluye una Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) que plantea reducir la carga horaria de 44 horas semanales a 40 horas sin recorte salarial. Además, se espera acompañarla con un proyecto de ley —ya remitido al Congreso por el gobierno de Lula— que contenga detalles operativos sobre cómo aplicar la nueva jornada en distintas categorías y posibles esquemas alternativos de trabajo. Motta subrayó que ambas piezas normativas deberían tramitarse de forma complementaria para ofrecer certezas a empleadores y trabajadores.
Compromiso político y mensaje público
Para Motta, la votación es una oportunidad para que la Cámara demuestre que está alineada con las demandas ciudadanas. Al insistir en que la temática no es de un solo partido, buscó enmarcar el debate como un asunto de Estado y no como una iniciativa electoral. El presidente de la Cámara afirma que, si se articula una postura común entre los parlamentarios, la aprobación sería una señal de sintonía con la población. También mencionó que cerró un acuerdo para llevar adelante el proyecto de ley del Ejecutivo junto con la PEC, lo que refleja voluntad política para acelerar el calendario.
Contenido de la propuesta y alcance
La PEC tiene un objetivo claro: ajustar la jornada semanal de trabajo de 44 a 40 horas manteniendo el salario actual. Este tipo de cambios exige precisión normativa para evitar efectos colaterales en la remuneración, en las horas extra y en los contratos especiales. Por eso, el proyecto de ley complementario que propone el gobierno busca articular excepciones, reglas para sectores con jornadas específicas y alternativas de jornadas parciales o flexibles. En la práctica, la armonización de la PEC con la ley ordinaria será determinante para la implementación efectiva y para dirimir dudas sobre categorías particulares.
Implicaciones para trabajadores y empleadores
Reducir la jornada sin recorte salarial implica un ajuste en la organización del trabajo y posibles negociaciones colectivas. Para algunos sectores será necesario adaptar turnos, rotaciones y la planificación de servicios esenciales; para otros, la reducción podría favorecer la distribución del empleo. Motta y el gobierno han dicho que buscan minimizar impactos negativos y preservar la productividad, pero las medidas específicas dependerán de los reglamentos y de acuerdos por sector. En ese sentido, la combinación de PEC y proyecto de ley pretende ofrecer herramientas jurídicas y operativas para transicionar.
Plazos y próximos pasos
El calendario legislativo fue puntualizado por la comisión especial que trata la materia: según el presidente de ese grupo, el diputado Alencar Santana (PT-SP), la PEC tiene programada una votación en el pleno de la Cámara el día 27 de maio. Motta, por su parte, enfatizó la meta de resolver la cuestión hasta el fin de mayo, lo que sugiere que los debates y las negociaciones entre bancadas deberán intensificarse en los días previos. Si se confirma la votación conjunta de la PEC y del proyecto del gobierno, el resultado marcará un hito legislativo y condicionará el cronograma político hacia las elecciones.
Conclusión
En resumen, la iniciativa combina un cambio constitucional propuesto para reducir la jornada de trabajo con un proyecto de ley operativo que ya fue enviado por el Ejecutivo. El liderazgo de Hugo Motta apunta a cerrar un consenso antes de final de mes, mientras que la fecha indicada por la comisión especial —27 de maio— perfila el momento clave para la definición. En paralelo, la discusión promete extenderse a la negociación técnica sobre cómo aplicar la norma sin afectar salarios ni servicios esenciales.
