La causa por el ataque a la AMIA volvió a sumar un capítulo judicial significativo cuando la Cámara Federal de Apelaciones resolvió habilitar el trámite de juicio en ausencia. Con los votos de los jueces Mariano Llorens y Martín Irurzun, el tribunal revocó una resolución anterior del juez Daniel Rafecas, quien había sostenido que la aplicación del procedimiento debía quedar supeditada a una decisión de la Corte de Casación Penal. La noticia, publicada el 24/05/2026 12:10, marca un giro procesal que reaviva el interés público y jurídico en una causa de larga data.
Qué resolvió la Cámara y qué significa
En términos prácticos, la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones autoriza que avance el trámite procesal previsto para el juicio en ausencia, es decir, que se adopten medidas procesales incluso si los imputados no comparecen físicamente. El voto de los magistrados Llorens e Irurzun dejó sin efecto la postura de Rafecas, quien había planteado la necesidad de aguardar el pronunciamiento de la Corte de Casación Penal antes de aplicar esa figura. Esta resolución no implica la realización inmediata de un debate oral, pero sí despeja un obstáculo formal que, hasta ahora, impedía ciertos pasos procesales claves.
Antecedentes y fundamentos jurídicos
El juez Daniel Rafecas había sostenido que la eventual aplicación del juicio en ausencia debía esperar una definición de la Corte de Casación Penal, lo que implicaba demorar actuaciones que algunos actores consideraban urgentes. Frente a esa postura, la Cámara entendió que no existía impedimento legal insalvable para continuar con las medidas que habilitan el procedimiento, y por eso revocó la decisión. Desde el punto de vista técnico, el tribunal razonó sobre la interpretación de normas procesales y la posibilidad de garantizar derechos de las partes aun cuando la comparecencia de los imputados fuera remota o nula.
Implicancias procesales
La habilitación del juicio en ausencia trae varias consecuencias prácticas: permite avanzar con diligencias probatorias y decisiones procesales que, hasta ahora, esperaban una resolución superior; además, plantea desafíos en materia de derechos de defensa y cooperación internacional si los acusados se encuentran en el exterior. Si bien el fallo no reemplaza la competencia de la Corte de Casación Penal, sí modifica el camino inmediato del expediente y acorta tiempos formales en la tramitación, lo que puede acelerar etapas que afectan tanto a víctimas como a los defensores.
Reacciones y contexto social
Organizaciones de familiares y sectores vinculados al caso AMIA observan con atención esta resolución, porque abre la posibilidad de mayor impulso a la investigación judicial. Al mismo tiempo, especialistas en derecho procesal señalan que la decisión puede derivar en recursos ante instancias superiores, lo que mantiene la situación en un estado de tensión jurídica. La revocación de la postura de Rafecas por parte de Llorens e Irurzun generó pronunciamientos institucionales y debates públicos sobre la compatibilidad entre la celeridad procesal y las garantías procesales de imputados y víctimas.
Pasos a seguir y escenarios previsibles
Con la Cámara autorizando el avance, el expediente podrá adoptar medidas que antes estaban en suspenso, pero no se puede afirmar que habrá una audiencia inmediata ni una sentencia próxima. Es factible que se presenten nuevos planteos ante la Corte de Casación Penal con el objetivo de examinar la validez y alcance de lo resuelto. Asimismo, la decisión obliga a los operadores judiciales a coordinar mecanismos que garanticen la defensa técnica de los imputados y la adecuada participación de las víctimas en el proceso. En definitiva, el fallo de Llorens e Irurzun representa un punto de inflexión procesal que redefinirá los tiempos y los recursos en la causa AMIA, sin cerrar la puerta a futuras impugnaciones judiciales.
