El desalojo del asentamiento Brisas de las Torres en Cali ha dejado al descubierto una compleja crisis humanitaria. Más de 1.300 personas incluyendo niños, ancianos y víctimas del conflicto armado, se vieron obligadas a abandonar sus hogares en un predio reclamado por Interconexión Eléctrica S. A. ESP (ISA).
La situación se ha convertido en un dilema social que trasciende lo local, involucrando a diversas instituciones y requiriendo una respuesta coordinada del Estado. El terreno en disputa es una franja de servidumbre junto a líneas eléctricas, lo que añade un componente de riesgo a la ya delicada situación.
El conflicto legal y las acciones judiciales
El litigio entre ISA y las familias del asentamiento se remonta a cinco años con un fallo judicial en 2026 que favoreció a la empresa. El Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad determinó que el predio, ubicado en el paraje Cauquita del corregimiento de Navarro, debía ser restituido a su dueño legítimo.
La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali ha caracterizado a la población afectada, identificando 390 hogares y 1.226 personas de las cuales 486 son menores de edad y 453 son jefes de hogar víctimas del conflicto armado. Esta diversidad de perfiles vulnerables ha complicado aún más la gestión de la crisis.
La respuesta institucional y las medidas de apoyo
Ante la magnitud del desalojo, la Alcaldía de Cali ha implementado un subsidio de arrendamiento temporal para mitigar los impactos sociales y económicos. De las 202 postulaciones recibidas, 98 hogares ya han sido beneficiados y 50 han recibido el pago correspondiente.
El personero de Cali, Gerardo Mendoza ha insistido en la necesidad de un plan de contingencia que garantice alternativas de vivienda y reubicación. «El desalojo de cerca de 1.300 personas es una situación que desborda el ámbito local y compromete al Estado en su conjunto», afirmó Mendoza, destacando la urgencia de atender la crisis humanitaria, social y de seguridad en el suroccidente colombiano.
Requisitos para acceder al subsidio
Los hogares beneficiados deben acercarse a la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de Cali para presentar los siguientes documentos: fotocopia de la cédula de ciudadanía del beneficiario, copia del contrato de arrendamiento, fotocopia de la cédula del arrendador y certificación bancaria de una cuenta de ahorros. Quienes no tengan una cuenta bancaria recibirán un PIN para reclamar los recursos en el Banco de Bogotá.
La Administración distrital ha reiterado que el desalojo se realiza en cumplimiento de una orden judicial y conforme a la Constitución y la ley. Además, ha destacado los riesgos asociados a la ocupación del predio, como accidentes eléctricos e incendios, que podrían comprometer la seguridad de las personas.
El futuro de las familias desalojadas
La Alcaldía de Cali ha asegurado que continuará desarrollando las actuaciones con respeto por el debido proceso y los derechos fundamentales de las familias afectadas. Sin embargo, la crisis subraya la necesidad de políticas públicas articuladas que aborden las causas estructurales del desplazamiento forzado y la pobreza.
Mientras tanto, las familias desalojadas enfrentan la incertidumbre de encontrar un nuevo hogar. La situación en Brisas de las Torres es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Cali y el suroccidente colombiano en materia de vivienda digna y seguridad.
