El escrutinio final confirmó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez son los dos aspirantes que disputarán la presidencia de Perú en la segunda vuelta programada para el 7 de junio. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el procesamiento de las actas, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) procedió a la proclamación oficial el domingo 17 de mayo. La elección previa, celebrada el 12 de abril, dejó una configuración fragmentada del voto y un mapa electoral que separa claramente zonas urbanas y rurales.
Los resultados muestran una competición muy ajustada: Fuerza Popular con Keiko Fujimori como líder obtuvo la primera posición con aproximadamente el 17,1% del sufragio; Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, quedó en segundo lugar con cerca del 12%; y el ultraconservador Rafael López Aliaga alcanzó alrededor del 11,9%, perdiendo por una brecha de poco más de 21.200 votos. Este umbral mínimo definió quién avanzó al balotaje y dejó a gran parte del electorado en expectativa sobre alianzas y estrategias.
Resultados y cifras clave
El procesamiento total de actas (más de 92.700 actas recepcionadas por la ONPE) reflejó la fuerte fragmentación con más de 30 candidaturas, lo que impidió que alguien superara porcentajes amplios. El fenómeno de votos nulos y blancos también resultó significativo, evidenciando un componente de protesta y desafección hacia las opciones ofrecidas. La distribución geográfica del apoyo fue clara: la candidata de derecha centró su fuerza en la costa y ciertas zonas amazónicas, mientras que Sánchez consolidó respaldo en el sur andino y áreas rurales, lo que reconfigura la narrativa regional en la contienda nacional.
Tensiones y contexto político
El anuncio oficial no estuvo exento de polémicas: la misión de observación de la Unión Europea señaló problemas logísticos y procedimentales durante la votación, aunque en conjunto validó el proceso. Por su parte, Rafael López Aliaga rechazó los resultados y anunció impugnaciones, denunciando supuesta fraude; esas reclamaciones intensificaron la atmósfera política en Lima y en otros distritos. Perú llega a este balotaje con una historia reciente de alta rotación presidencial —ocho mandatarios desde 2016— y con retos profundos en materia de seguridad y combate al crimen organizado, factores que sin duda condicionarán los discursos de campaña.
Impugnaciones y responsabilidades institucionales
Las divergencias sobre el conteo incluyeron reaperturas de locales de sufragio en la capital y cuestionamientos puntuales que fueron dirimidos por las autoridades electorales. El papel del JNE y la ONPE volvió a estar en el centro: su tarea fue garantizar que cada acta se contabilizara y que la voluntad popular quedara reflejada. Mientras tanto, los candidatos ya proyectan alianzas para la segunda vuelta y los plazos legales para impugnaciones o recursos quedaron establecidos por la normativa vigente; la legitimidad del proceso dependerá en gran medida de la transparencia con que se gestionen esas etapas.
Temas de campaña y desafíos internacionales
Además de la agenda doméstica —empleo, descentralización, seguridad y lucha contra la corrupción—, asuntos de política exterior emergen como puntos sensibles de debate. Roberto Sánchez, exministro de comercio y postulante de 57 años, ha abierto la posibilidad de revisar contratos militares previos sin imponer vetos automáticos; en particular, se refirió a la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, indicando que una evaluación técnica y legal será parte de su eventual gestión. La incorporación del ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros a su equipo técnico busca dar señales de seriedad institucional y abrir canales con mercados y diplomacia.
La compra de F-16 y la relación con Estados Unidos
En torno al contrato por aeronaves, Sánchez ha dicho que se respetarán los procedimientos legales y que habrá revisión para garantizar estándares y transparencia, descartando un rechazo frontal que pudiera dañar relaciones claves. Su postura, en palabras de sus asesores, apunta a mantener la cooperación internacional basada en intereses comunes y respeto mutuo, además de preservar la autonomía de las decisiones nacionales. En el clima de polarización que se avecina, estas definiciones sobre defensa y comercio serán vigiladas por inversionistas y gobiernos extranjeros atento al resultado del balotaje del 7 de junio.
